El presidente Javier Milei y el ministro Luis "Toto" Caputo celebran el "déficit 0" de enero, pero fue gracias un ajuste brutal sobre las jubilaciones y pensiones, programas sociales y salarios.
Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto previsional se redujo en un 32,5% en términos reales respecto del mismo mes del año pasado.
El efecto de la estampida inflacionaria impactó de lleno en la caída de las asignaciones familiares (-36,7% real interanual), cuya movilidad se rige, al igual que las jubilaciones y pensiones, por la fórmula previsional actual (variación salarial y recaudación de la Anses). La Asignación Universal por Hijo (AUH), en tanto, pudo zafar de semejante ajuste debido a que en enero se dispuso un aumento del 100% en el valor de las prestaciones. El recorte en esta partida fue del 3% real interanual.
Salvo la partida “Políticas Alimentarias”, que tuvo un incremento real del 3,4% respecto de enero del año pasado –básicamente por la recomposición real del valor de la tarjeta Alimentar-el resto de los programas sociales experimentaron una fuerte caída.
Uno de los más afectados es el programa Potenciar Trabajo con una reducción del 32,2% interanual. Según precisa la OPC, el valor de la prestación pasó de $32.714 en enero de 2023 a $78.000 el mes pasado, es decir, tuvieron un ajuste del 33% en términos reales. También cayó el número de beneficiarios: se redujo en 136 mil, sumando en total 1,23 millones.
Esta caída en el gasto de los programas sociales y los cambios que instrumenta la ministra del área en el reparto de los alimentos acrecienta el malestar que se vive en los sectores más vulnerables, adonde no llega la mercadería a los comedores en tiempo y forma. Al reclamo de las organizaciones sociales agrupadas, se sumó un fuerte pedido de la Conferencia Episcopal Argentina en el que advirtió que la comida no puede ser una variable de ajuste.
Si bien el Gobierno recortó en los bienes y servicios del Estado, es decir, todas aquellas erogaciones que hacen a la conducción y administración de los organismos de la administración nacional, ese ajuste fue menor al que se ejecutó en otras partidas, sobre todo las más sensibles.
En efecto, según la OPC, en bienes y servicios el gasto se redujo en un 26,3% real interanual. Los salarios del sector público, en tanto, retrocedieron en un 18% respecto de enero de 2023. Porcentajes menores si se los compara con las caídas en las prestaciones sociales arriba detalladas o en otras partidas con recortes todavía más significativos, como los gastos de capital –básicamente obra pública- (-75,6%) y transferencias corrientes a provincias (-53,3%).
No fue sorpresa que Caputo, tal como lo anunciara desde el primer día de gestión, acometiera sobre el gasto de capital. El cierre del grifo fue casi total: según la OPC la inversión real directa tuvo una caída del 94% real interanual “con motivo de la ausencia de gastos de inversión en los programas ‘Infraestructura y Equipamiento’ y ‘Conectar Igualdad’, ambos de la cartera de Educación”.
Y si de educación se habla, una de las partidas que registra un fuerte retraso en el giro a las provincias es la del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). En vísperas del inicio de clases se augura otro frente de conflicto con los gobernadores. Según la OPC, hasta ahora están previstos casi 47 mil millones de pesos para ser transferidos, una cifra que representa un 16,6% menor a la de enero de 2023.
