La defensa de Cristina Kirchner expuso ante la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Federal sus argumentos y reclamó que se revoque la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida por defraudación al Estado.
El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, habló durante dos horas en los tribunales de Comodoro Py. “Violaron de una manera grosera garantías constitucionales” y dictaron una “sentencia manifiestamente arbitraria”, afirmó ante los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.
“Jueces y fiscales juegan en el mismo equipo”, dijo irónicamente Beraldi al remarcar que, en el fallo, los magistrados le mejoraron los argumentos a la fiscalía para poder condenar a la ex mandataria.
Como lo había adelantado en sus redes sociales la propia CFK, Beraldi introdujo un nuevo elemento para fundamentar que la condena en primera instancia fue “injusta”. Se trata de un dictamen elaborado por el actual procurador de la Nación, Rodolfo Barra. El funcionario del gobierno de Javier Milei es especialista en derecho administrativo y sostuvo en un informe fechado el 2 de septiembre de 2023 que, tras la reforma constitucional de 1994, la administración general del país corresponde al jefe de Gabinete, por lo que la entonces la presidenta no tuvo responsabilidad directa en la elaboración de los presupuestos, donde se designan las obras públicas para todo el país. Barra también afirmó en el documento que Vialidad Nacional es un ente autárquico; que las provincias son autónomas y que el decreto firmado por Cristina para el fideicomiso de obras públicas fue “legítimo”.
“Las tres toneladas de prueba que decía que tenía la fiscalía no le sirvieron al Tribunal para justificar la condena”, señaló Berardi. De ese pesaje -dijo irónicamente Beraldi- el Tribunal tomó sólo 300 gramos” y agregó: “Lo que los fiscales nos hicieron creer, sobre un supuesto plan delictivo que funcionó durante doce años” no se probó. Para Beraldi “no existió un solo elemento de prueba” de “asignación ilegítima para obras en Santa Cruz”, ni que se hayan dictado durante doce años leyes de presupuesto votadas por el Congreso en forma fraudulenta. “De manera categórica todas estas cuestiones quedaron desarticuladas”, aseguró el defensor, y advirtió que “el propio tribunal dice cuando funda su condena que no tiene pruebas directas. Que la sentencia se funda en base a prueba indirecta o indicios”.
En ese sentido, recalcó que “no vino ningún testigo a este juicio” a decir que Cristina dio órdenes de beneficiar a Báez y que “no existe un solo elemento de prueba incorporado al juicio” para afirmar que CFK tuvo participación en el supuesto delito.
Para Beraldi los jueces y fiscales del juicio faltaron a la verdad. “Dicen que los hechos están ocultos. Pero basta con mirar la sentencia para darse cuenta que toda la prueba no es oculta. Surge de la contabilidad oficial. Las partidas surgen de las leyes de presupuesto, de los decretos en el boletín oficial. ¿De qué ocultamiento hablan? ¿Por qué mienten de esta manera?”, expresó enérgico y calificó la sentencia de “disparate”.
El abogado de Cristina enumeró lo que consideró serias irregularidades cometidas a lo largo de la instrucción y del juicio oral. “Durante el juicio nos plantaron un perito”, dijo en referencia a Pablo Eloy Bona, al que acusó de estar “contaminado políticamente”.
Bona había publicado en su red social Twitter insultos y acusaciones contra Cristina. “Ni con Bona pudieron probar que había una defraudación”, dijo, y recordó que, además, peritaron solo 5 de las 51 obras sospechadas.
Beraldi repasó que en todas las instancias le negaron la posibilidad de ampliar el objeto procesal e investigar toda la obra pública y expuso como una contradicción que el Tribunal argumentó en su fallo que los empresarios se habían cartelizado pero antes, “cuando pedimos que investiguen a todos los empresarios nos negaron esa posibilidad.
"Hasta después que terminó el juicio la fiscalía pidió que se investigue a todos los empresarios y a nosotros nos habían rechazado esa opción”, se quejó, y afirmó que el Tribunal oral les “rechazó el 80% de la prueba” que presentaron.
La defensa sostuvo que el fallo del TOF2 está cargado de contradicciones. “Dicen una cosa y a las 20 páginas después dicen lo contrario”, expresó. “Por un lado, dicen que los funcionarios que estaban por debajo de Cristina no tenían ninguna responsabilidad de controlar las obras. Pero dicen que la entonces presidenta sí tendría que haber controlado. Dicen blanco y después dicen negro”, se quejó Beraldi.
Y concluyó que en nuestro país “existen dos derechos. Uno, que se le aplica a todos los argentinos. Y otro que solo se le aplica a Cristina Fernández de Kirchner”.
