El diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, presentó este lunes una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de los operativos de control e identificación desplegados por fuerzas federales el pasado 18 de junio, durante la movilización en respaldo a Cristina Kirchner.
La denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 que está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi,
Moreau-junto a la diputada Blanca Osuna-, concurrió a Tribunal para denunciar a Bullrich, y los jefes de jefes de la Gendarmería, Policía Federal y PSA por los operativos realizados en los micros donde se trasladaban los manifestantes que participaron de la movilización de respaldo a Cristina Kirchner.
En la denuncia se acusa a la Ministra de Seguridad de “ordenar a las fuerzas federales no sólo requisar sino también copiar las listas de pasajeros y fotografiar los documentos de quienes venían desde el Interior a la marcha”.
Según Moreau, esto representaría un paso “hacia una base de datos sobre la adhesión o pertenencia de ciudadanos a partidos políticos”, lo que viola el artículo 4 de la Ley 25.520 de Inteligencia.
Moreau detalló: “Durante el traslado de ciudadanos y ciudadanas que se dirigían a la movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner —ejercitando su derecho constitucional a la protesta— fuerzas policiales detuvieron varios ómnibus en rutas nacionales y accesos urbanos. En esos operativos se requisaron equipajes, se exigió la presentación de documentos de identidad y, lo que es aún más alarmante, se fotografiaron dichos documentos sin ninguna orden judicial ni fundamento legal”.
Además, advirtió: “Estas prácticas no son aisladas ni fortuitas. Constituyen un patrón de vigilancia selectiva y persecución política que nos remite a los momentos más oscuros de nuestra historia. El Estado no puede, bajo ningún pretexto, almacenar información sobre las personas por su pertenencia política, sindical o social. Así lo establece claramente el artículo 4° de la Ley 25.520, que prohíbe expresamente este tipo de conductas, incluso para organismos de inteligencia”.