La audiencia de descubrimiento se fija para las 10 en la sala 12A del Tribunal del Distrito Sur y busca destrabar la disputa por la entrega de datos que puedan probar la condición de “alter ego” del Estado argentino. Con ese argumento, los demandantes pretenden embargar activos de empresas públicas y del Banco Central para ejecutar la histórica sentencia que castiga la expropiación de YPF en 2012.
El analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, explica que “los beneficiarios del fallo pretenden embargar activos de Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central como parte del proceso de ejecución”. Según Maril, la negativa inicial de Javier Milei a ofrecer garantías aceleró los pedidos de embargo y hoy la causa transita un doble carril: la apelación argentina y la ofensiva de Burford para asegurarse bienes concretos.
El Gobierno apeló ante la Corte del Segundo Circuito sin esperar la respuesta de Preska al pedido de “stay” y advirtió que “Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa”. En la Casa Rosada aseguran que “se irá hasta las últimas consecuencias dentro de las instancias judiciales” y que no habrá negociación: “Alimentan los buitres con la mano... No se negociará nada”.
Mientras tanto, los fondos litigantes presionan para que Preska declare en desacato a la Argentina si no aporta activos en garantía. Un eventual desacato complicaría la estrategia oficial de volver a los mercados y atraer inversiones para Vaca Muerta, justamente cuando la administración libertaria busca mostrar disciplina fiscal y apertura económica.