El ex mandatario Alberto Fernández fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como “seguros del Estado”. Según un comunicado oficial de su defensa, la medida se tomó en forma “arbitraria, prematura e infundada”, sin respetar el principio de congruencia, ya que Fernández no había sido indagado por el hecho por el cual finalmente fue imputado. La defensa adelantó que apelará ante la Cámara Federal.
“La resolución, que cuenta con más de 400 páginas, deja en evidencia que el magistrado ya tenía tomada su decisión de forma previa a escuchar personalmente al Dr. Fernández”, sostiene el comunicado del Estudio Marano – Burella. También señala que sólo unas pocas páginas mencionan al ex presidente y que lo hacen a partir de “presunciones” desligadas de cualquier acto delictivo concreto, lo cual vulnera garantías constitucionales básicas como el derecho de defensa y el principio de culpabilidad.
En declaraciones públicas, Fernández fue aún más contundente: “La (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento... se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”, ironizó. Y agregó: “La decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso”.
El ex jefe de Estado concluyó con un mensaje político: “Seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”. La defensa remarcó que Casanello no produjo ni una sola prueba de las ofrecidas por el ex presidente y que desoyó los informes técnicos en la materia. Todo será presentado ante la Cámara para revertir la decisión.