La primera medida consiste en una instrucción al Ministerio de Economía para impedir que el Tesoro nacional utilice fondos del Banco Central para cubrir gastos corrientes. Milei subrayó que esta restricción ya se aplicaba de hecho en su gestión, pero ahora quedará formalizada. Argumentó que la emisión sin respaldo “destruye el valor del dinero” y es uno de los factores centrales que impulsaron la inflación en la Argentina.
La segunda iniciativa apunta a cambiar el marco legal: el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de “regla fiscal” que obligue a mantener equilibrio o superávit financiero, y que exija compensaciones inmediatas ante cualquier aumento de gasto o reducción de ingresos. “Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, advirtió el Presidente, quien además propuso sanciones penales para legisladores y funcionarios que incumplan la norma.
El trasfondo de la ofensiva es el rechazo del oficialismo a leyes que, según Milei, implican un costo extra del 2,5% del PBI, como la moratoria previsional, el aumento del salario docente y las pensiones por discapacidad. El jefe de Estado acusó a la “clase política” de querer recuperar poder con medidas que “ponen en riesgo la estabilidad económica” y advirtió que toda erogación sin financiamiento genuino derivará en deuda o inflación.
Con este paquete, el Gobierno busca cerrar toda posibilidad de retroceso en su plan de ajuste y condicionar la capacidad del Congreso para aprobar gastos sin fuente clara de recursos. Milei planteó la disputa como una elección de modelo: sostener el orden fiscal, monetario y cambiario para consolidar el crecimiento o volver al esquema de déficit y emisión que, a su entender, llevó a las crisis recurrentes del país.