11.11.2025 / LIBERACIÓN

Por decreto, el Gobierno desreguló las cuotas y matrículas de los colegios privados sin aporte estatal

La medida elimina la obligación de informar y pedir autorización al Estado para modificar los aranceles. El argumento es el habitual: “adaptar” los precios a las condiciones del mercado.





El Gobierno oficializó este martes la desregulación total de las cuotas y matrículas en los colegios privados sin aporte estatal, a través de la derogación de una normativa vigente desde 1993 que establecía controles sobre los aranceles y sus aumentos. La decisión deja en manos de los establecimientos la posibilidad de fijar precios sin intervención estatal.

Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la medida alcanza al 6% del sistema educativo, es decir, a unos 2.000 colegios en todo el país. El funcionario aclaró que las instituciones subvencionadas seguirán reguladas por el Decreto 2542/1991, que faculta al Ejecutivo a establecer aranceles máximos y sancionar con la pérdida del subsidio en caso de incumplimiento.

En los fundamentos del documento, el Gobierno sostiene que la intervención estatal en la fijación de cuotas “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” de los colegios. Considera, además, que la obligación de informar anticipadamente los aumentos “limita la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado y a los costos operativos”.

Además, apela al derecho de propiedad de los institutos privados, al sostener que “deberían tener la libertad de establecer sus condiciones de contratación y los salarios de su personal sin necesidad de aprobación estatal”. En la misma línea, el Gobierno indicó que el control de precios “termina perjudicando a las familias”, ya que obliga a los colegios a prever incrementos por adelantado y “reduce las posibilidades de elección de los padres”.

Otro tramo del decreto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar la normativa que rige el financiamiento de la educación privada y proponer una actualización del esquema vigente.