24.12.2025 / FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
Universidades: la Justicia ordena al gobierno actualizar los salarios y becas, mientras gremios advierten que peligran las clases
El federal dispuso "admitir la cautelar solicitada" por el Consejo Interuniversitario Nacional. En tanto, gremios universitarios y docentes de la UBA exigen el cumplimiento inmediato de un fallo judicial que ordena recomponer salarios y actualizar becas estudiantiles.
Un juez hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional para que se de cumplimiento a los artículos 5° y 6° de la ley de Financiamiento Universitario. Los mismos hacen referencia a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y del monto de becas estudiantiles. Tras la sanción de la Ley 27795, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 795/2025, suspendió la aplicación de la norma, al argumentar que la ley no autorizaba gastos para prever en forma expresa el financiamiento universitario.
Los actores alegaron una afectación colectiva y urgente, argumentando que el incumplimiento erosionaba el poder adquisitivo, comprometía el funcionamiento universitario y lesionaba derechos constitucionales a la educación y a la autonomía institucional. Ahora, el juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick dispuso: "Admitir la cautelar solicitada por la actora declarando inaplicable a su respecto, lo dispuesto en el decreto 795/2023 aquí impugnado en cuanto dispone al promulgar la ley 27.795 que "...por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 24.629, quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. CONGRESO DE LA NACION, determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".
El magistrado consideró que "se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, en tanto la lesión de los derechos o garantías reconocidos son consecuencia del acto u omisión de la autoridad pública de forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos".
Finalmente, el juez dispuso declarar por ahora inaplicable el decreto, “ordenando a la demandada a cumplir de forma inmediata con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la ley 27.795”.
UNIVERSIDADES Y GREMIOS ADVIERTEN QUE PELIGRAN LAS CLASES
En declaraciones a El Destape, el dirigente Antonio Rosselló, miembro de las Mesas Ejecutivas de AGD-UBA y la Conadu Histórica, explicó el alcance de la demanda laboral y presupuestaria: "El gobierno inmediatamente debe acatar la resolución judicial y tendría que pagar un incremento salarial a los trabajadores docentes y no docentes", detalló el representante. Exigió también "el incremento del presupuesto de las universidades nacionales, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento".
Rosselló manifestó sus poca confianza sobre la voluntad del oficialismo para aplicar la resolución del magistrado federal. "Tenemos nuestras dudas que el gobierno lo aplique, no solo por la vía de la apelación hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, sino porque en este momento, de acuerdo a lo dictaminado por el juez federal de Campana, el gobierno no aplica la Ley de Emergencia en Discapacidad", detalló sobre el precedente cercano.
El docente también recordó que la Cámara de Diputados ratificó esta ley en cuatro oportunidades distintas durante los últimos meses, que el conflicto atravesó vetos presidenciales y que hubo discusiones presupuestarias que eliminaron capítulos clave para el sector educativo. Universitarios mantienen el estado de alerta frente a la erosión persistente de su poder adquisitivo, por lo que esperan una respuesta formal a la brevedad. Está en juego el inicio de las mesas de examen y la planificación del próximo año.
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