En respuesta a un pedido de acceso a la información pública,
el Banco Nación confirmó que otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, un dato que aporta una nueva dimensión a la discusión abierta tras conocerse que varios funcionarios de alto rango habían accedido a préstamos millonarios de la entidad.
Durante ese período,
el banco aprobó 25.391 créditos hipotecarios en total. De acuerdo con los registros oficiales, las operaciones destinadas a personas incluidas en la categoría PEP representaron cerca del 4,4% del total, es decir, aproximadamente uno de cada 23 préstamos concedidos. La clasificación de Personas Expuestas Políticamente es utilizada por el sistema financiero bajo regulación de la Unidad de Información Financiera (UIF) e
incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de exfuncionarios y familiares directos alcanzados por mecanismos reforzados de control para prevenir maniobras de lavado de activos.
Sin embargo, según averiguó
Ámbito, la nómina no abarca a todos los cargos con responsabilidades dentro del Estado. Por ese motivo, los datos informados por el Banco Nación podrían no reflejar la totalidad de los beneficiarios vinculados a distintas áreas de la administración pública.
La información cobró relevancia
luego del escándalo en torno a funcionarios del oficialismo que obtuvieron créditos hipotecarios por montos elevados. Entre ellos aparecieron el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor económico Felipe Núñez; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y el exfuncionario de Capital Humano Leandro Massaccesi.
En medio de la polémica, el ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado que menos del 0,2% de los créditos correspondían a personas vinculadas al Gobierno. No obstante, especialistas remarcan que esa definición no forma parte de ninguna categoría utilizada formalmente por las entidades financieras, que sí identifican a las Personas Expuestas Políticamente.
Otro de los puntos que alimentó el debate fue la modificación introducida por el Banco Nación en septiembre de 2024 sobre la línea hipotecaria "+ Hogares". La actualización incorporó expresamente a los cargos políticos designados o electivos dentro del universo de potenciales beneficiarios, hecho que derivó en una denuncia presentada por la diputada nacional Mónica Frade. La investigación busca determinar si existieron irregularidades en el diseño o la implementación de la operatoria.