02.06.2026 / FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
Sin acuerdo: una exigencia del Gobierno frenó el diálogo con las universidades y tensionó aún más el conflicto
La propuesta oficial generó rechazo entre rectores y gremios, que mantienen el reclamo por el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario. El CIN analiza los próximos pasos junto a las organizaciones sindicales del sector.
Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cuestionaron la oferta presentada por el Gobierno durante las conversaciones por el financiamiento de las universidades al considerar que un aumento salarial del 21% no puede estar atado al retiro de la demanda judicial vigente. Distintos sectores coincidieron en llamar "incompatible" la condición oficial con el reclamo para que se cumpla una ley ya aprobada por el Congreso y respaldada por la Justicia.
La propuesta frenó la reunión que ambas partes tenían prevista para avanzar en una salida al conflicto. En lugar de continuar las negociaciones con funcionarios nacionales, los rectores se reunieron con representantes gremiales para evaluar los pasos a seguir frente a una situación que sigue sin mostrar señales de resolución.
Desde fines de 2025, el CIN impulsa una acción de amparo para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la actualización de partidas para el funcionamiento de las casas de estudio, la recomposición salarial de docentes y nodocentes, y la adecuación de las becas estudiantiles. Pese a los fallos favorables obtenidos en distintas instancias, las universidades sostienen que los recursos aún no fueron transferidos en su totalidad.
La discusión ocurre en un contexto de fuerte deterioro presupuestario. Según datos difundidos por el sector universitario, las transferencias nacionales acumulan una caída cercana al 46% desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, mientras que los gremios docentes advierten sobre una pérdida sostenida del poder adquisitivo que, aseguran, ya equivale a más de doce salarios.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó una reunión de urgencia para analizar el ofrecimiento oficial junto a dirigentes de distintas organizaciones. Aunque existen posiciones diversas sobre cómo responder a la propuesta, el consenso predominante es que cualquier recomposición debe formar parte del cumplimiento efectivo de la ley y no reemplazar las obligaciones que el Estado mantiene pendientes con el sistema universitario.
A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre el conflicto, rectores, docentes y trabajadores universitarios observan con preocupación la falta de avances concretos. Mientras continúan las discusiones, crecen las advertencias sobre las dificultades para sostener el funcionamiento de las instituciones y sobre el impacto que la crisis presupuestaria ya tiene en la actividad académica y científica.
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