Docentes universitarios llevan adelante una nueva medida de fuerza de alcance nacional en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario que sigue paralizada. En ese marco, la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) anunció un paro de 48 horas acompañado por actividades de protesta en todo el país para reclamar una recomposición salarial y mayores recursos para las casas de estudio.
La medida se desarrolla este miércoles y jueves con suspensión de tareas académicas, movilizaciones, clases públicas y acciones de visibilización impulsadas por los gremios de base de la federación. El reclamo apunta tanto a la situación salarial de los trabajadores como a las dificultades presupuestarias que atraviesan las universidades nacionales.
Desde la organización sindical señalaron que los docentes acumulan una pérdida del 52,1% de su poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia y reclamaron una convocatoria urgente a la mesa paritaria. También insistieron en la necesidad de que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
La definición fue adoptada durante un plenario de secretarios y secretarias generales de FEDUN, donde participaron representantes gremiales de distintas regiones del país. Allí se evaluó la continuidad del plan de lucha y el desarrollo de las actividades destinadas a mantener visible el conflicto universitario. "La ausencia de negociaciones representa una decisión política que profundiza el ajuste sobre el sistema universitario", advirtieron.
El paro se produce mientras continúan abiertas las negociaciones entre el Gobierno y las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un contexto marcado por la disputa en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y por una causa judicial que permanece bajo análisis de la Corte Suprema.
Además de las demandas vinculadas a los salarios, las conversaciones incluyen el financiamiento de hospitales universitarios, becas estudiantiles y otras partidas consideradas esenciales para el funcionamiento del sistema. En ese marco, los gremios sostienen que la recuperación de los recursos perdidos resulta clave para garantizar la continuidad y la calidad de la educación superior pública.