03.06.2026 / NI UNA MENOS
Ni una menos: el desfinanciamiento y los retrocesos en políticas contra la violencia de género en la Argentina de Milei
Amnistía Internacional advirtió sobre el retroceso de programas de asistencia, prevención y acompañamiento. También expresó preocupación por el avance de proyectos vinculados a las denuncias falsas y por el aumento de los crímenes de odio contra personas LGBTI+.
A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, el reclamo contra la violencia machista continúa vigente. Mientras los femicidios siguen registrando cifras alarmantes y las organizaciones denuncian dificultades persistentes para acceder a la justicia y a mecanismos de protección, organismos de derechos humanos advierten sobre el impacto que tuvo en los últimos años el recorte de políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género.La preocupación volvió a cobrar fuerza tras casos recientes como el femicidio de Agostina Vega, que reabrió el debate sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones de riesgo. Desde Amnistía Internacional sostuvieron que estos hechos exponen la necesidad de contar con herramientas de prevención, asistencia y acompañamiento sostenidas en el tiempo. "Reconocer el femicidio es fundamental para comprender que no se trata de homicidios comunes, sino de una violencia estructural que requiere respuestas específicas. Cuando el Estado no previene, no protege o investiga de manera deficiente, se fortalecen los mecanismos de impunidad", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA
De acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, durante 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidio. El 78% de los crímenes ocurrió en el domicilio de la víctima o del agresor y en el 83% de los casos existía un vínculo previo entre ambos, principalmente parejas o exparejas.
Si bien la cifra representa una disminución respecto al año anterior, desde las organizaciones especializadas advierten que el problema mantiene una magnitud crítica. Desde 2017, el país registra de manera sostenida aproximadamente una mujer asesinada cada 36 horas por razones de género. Especialistas remarcan que los femicidios constituyen la manifestación más extrema de una cadena de violencias que incluye agresiones psicológicas, económicas, sexuales, digitales e institucionales. Por eso insisten en la necesidad de fortalecer las políticas de detección temprana, acompañamiento y acceso a la justicia antes de que la violencia alcance niveles irreversibles.
EL IMPACTO DE LOS RECORTES
Uno de los principales puntos señalados por Amnistía Internacional es el retroceso de programas estatales destinados a asistir a mujeres y diversidades en situación de violencia. Según el organismo, desde fines de 2023 se produjeron modificaciones que afectaron el funcionamiento de herramientas clave. Entre ellas mencionan la reducción de recursos de la Línea 144, cambios en los requisitos de acceso al Programa Acompañar y limitaciones en mecanismos de asistencia destinados a niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de femicidios.
La preocupación también fue expresada por organismos internacionales. En febrero de este año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas advirtió sobre el cierre o degradación de áreas específicas, la reducción presupuestaria en programas de prevención y el debilitamiento de políticas como la Educación Sexual Integral y el Plan ENIA.
EL DEBATE POR LAS "FALSAS DENUNCIAS"
Otro de los focos de preocupación está vinculado al avance de proyectos legislativos que proponen endurecer las sanciones por falsas denuncias y falso testimonio en causas de violencia sexual o de género. Desde Amnistía Internacional sostienen que esas iniciativas parten de una premisa que no encuentra respaldo en las estadísticas judiciales. Según datos citados por la organización, las denuncias falsas representan apenas una porción mínima de los expedientes analizados en los últimos años. Para los organismos especializados, el riesgo es que este tipo de propuestas desaliente las denuncias en un contexto donde gran parte de las víctimas ya enfrenta obstáculos para acceder a la justicia y acreditar situaciones de violencia.
CRÍMENES DE ODIO Y VIOLENCIA CONTRA PERSONAS LGBTIQ+
El informe también pone el foco sobre el incremento de la violencia contra las diversidades sexuales. Durante 2025 se registraron 227 crímenes de odio contra personas LGBTI+, la cifra más alta desde que existen registros sistemáticos y más de un 60% por encima de la registrada el año anterior. En ese marco, la organización acompaña el reclamo de justicia por el ataque ocurrido en Barracas contra dos parejas de lesbianas, cuyo juicio oral comenzó recientemente en los tribunales porteños.
Para Amnistía Internacional, tanto la violencia machista como los crímenes de odio forman parte de un mismo escenario de desigualdades estructurales que requiere respuestas estatales sostenidas. A más de una década de la primera movilización de Ni Una Menos, el organismo sostuvo que la prevención, la protección y el acceso efectivo a derechos continúan siendo desafíos pendientes para la Argentina.
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