09.06.2026 / Economía
El Gobierno eliminó 58 normas sobre comercio, importaciones y financiamiento
Las disposiciones eliminadas habían sido dictadas al amparo de marcos regulatorios que fueron modificados o derogados, entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la ley que creó el Observatorio de Precios, por lo que "han perdido su objeto y aplicabilidad".
Mientras se espera el debate por la Ley Hojarasca, el Gobierno continúa avanzando con la eliminación de normativas. La gestión libertaria derogó 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y los programas de consumo.
La medida se implementó a través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, y de la Disposición 534/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicadas en el Boletín Oficial.
En tanto, el Gobierno también avanza con la media sanción en el Senado de la Ley Hojarasca, una iniciativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone derogar y modificar más de 70 normas vigentes con el objetivo de "reducir la burocratización del Estado".
Según se explica en los considerandos de la Resolución 12/2026, las disposiciones eliminadas habían sido dictadas al amparo de marcos regulatorios que fueron modificados o derogados, entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la ley que creó el Observatorio de Precios, por lo que "han perdido su objeto y aplicabilidad".
Entre las normas derogadas figuran resoluciones vinculadas al control de precios de determinados productos, requisitos de información para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones, programas de fomento al consumo y medidas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
En los fundamentos de la decisión, el Gobierno sostuvo que "la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas", situación que genera incertidumbre sobre cuáles continúan vigentes. Además, afirmó que ello provoca "una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida".
La resolución también señala que resulta necesario avanzar en una revisión permanente de la normativa para que el Estado "se enfoque en normativas relevantes y prioritarias" y pueda brindar respuestas más rápidas y transparentes.
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