El senador Mariano Recalde protagonizó este martes un duro intercambio con el juez Víctor Arturo Pesino durante el tratamiento de su pliego en el Senado. El magistrado quedó en el centro de las críticas por haber integrado la sala que repuso aspectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y por participar del fallo que dispuso la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la demora en la resolución de expedientes laborales. Pesino reconoció que actualmente tramita causas iniciadas en 2024 y sostuvo que resulta “materialmente imposible” cumplir con el plazo de 60 días previsto por la normativa vigente debido a la falta de magistrados. Según explicó, la Cámara recibe entre 500 y 600 expedientes mensuales y arrastra unas 30 vacantes sin cubrir, una situación que afecta el funcionamiento del fuero.
La discusión también giró en torno al fallo sobre la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei. Pesino defendió la decisión de su sala de limitar los efectos de la cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo y argumentó que ningún juez puede impedir la entrada en vigencia de una ley aprobada por el Congreso. Además, sostuvo que la presentación sindical carecía de un caso concreto y se basaba en un planteo general contra el Estado nacional.
Durante la audiencia, el magistrado también respondió a las sospechas planteadas por Recalde respecto del momento en que el Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado, apenas un día después de que se conociera el fallo favorable a la reforma laboral. Pesino negó cualquier vínculo entre ambos hechos y detalló que el trámite para su renovación había comenzado varios meses antes, con entrevistas y evaluaciones realizadas durante 2025 y principios de 2026.
En otro tramo de su exposición, el juez reconoció haberse reunido con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aunque aclaró que el encuentro tuvo como único objetivo intercambiar opiniones sobre el eventual traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. También rechazó cualquier sospecha de maniobras irregulares en la asignación de la causa y afirmó que “no hubo ningún negociado ni cosa rara” detrás de las decisiones adoptadas por su sala.