
La estrategia judicial de Diego Spagnuolo dio un giro inesperado. Después de insistir durante meses en la necesidad de analizar los audios que circulan en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el exfuncionario ahora pidió que se suspenda la pericia ordenada por la Justicia y rechazó someterse al examen de voz dispuesto para avanzar con el estudio.
El planteo fue presentado por su abogado defensor, Pablo Parera, ante el juzgado federal que interviene en el expediente. Allí se solicita la nulidad de la resolución que ordenó la realización del cotejo fonético y se cuestiona la decisión de convocar a Spagnuolo para que aporte muestras de voz destinadas a comparar con las grabaciones incorporadas a la investigación.
La medida había sido ordenada luego de que la Cámara Federal respaldara la necesidad de realizar un análisis técnico sobre los audios cuya autenticidad fue discutida por distintas defensas. El juez Ariel Lijo dispuso entonces una batería de estudios orientados a determinar si los registros fueron editados, alterados mediante inteligencia artificial o corresponden efectivamente a las personas mencionadas en ellos.
Sin embargo, la defensa sostiene ahora que obligar al imputado a colaborar activamente con esa prueba vulnera garantías constitucionales. Según el escrito, la extracción de muestras vocales convertiría a Spagnuolo en un "sujeto de prueba" y afectaría el principio que impide forzar a una persona a declarar contra sí misma. "La orden fue emitida sin consentimiento previo y supone una intervención activa del imputado que podría derivar en consecuencias perjudiciales para su situación procesal", argumentó la presentación.
Además del cuestionamiento constitucional, la defensa volvió a poner bajo sospecha el contenido de los audios. Afirmó que existen indicios de manipulación y sostuvo que las grabaciones exhiben características incompatibles con una conversación espontánea. Entre otros puntos, señaló que en los registros sólo se escucha una voz pese a que el contenido remite a intercambios con otros interlocutores.
Para los abogados de Spagnuolo, esa circunstancia podría indicar que parte del material fue eliminado o editado antes de ser incorporado al expediente. Incluso deslizaron la posibilidad de que distintos fragmentos hayan sido ensamblados digitalmente para construir un único archivo. El escrito también remite a una investigación paralela que tramita en otro juzgado federal y que busca determinar el origen de las grabaciones. Allí se analiza si existió una captación ilegal de conversaciones privadas o alguna maniobra incompatible con la Ley Nacional de Inteligencia.
Sobre esa base, la defensa sostiene que mientras persistan dudas respecto de la procedencia de los audios, no deberían ser utilizados como elemento probatorio dentro de la causa principal. La discusión se produce en un expediente que ya cuenta con procesamientos dictados y una importante cantidad de evidencia incorporada. De hecho, los audios cuestionados no fueron utilizados por el juzgado como fundamento para resolver la situación procesal de los imputados.
Ahora será la Justicia la que deberá resolver si mantiene en pie la pericia que había sido impulsada por las propias defensas y que, paradójicamente, terminó generando la resistencia de uno de quienes más reclamaban su realización.