El ataque del Gobierno de Milei a las librerías: impulsa la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera

En noviembre de 2001, en vísperas del colapso social, político y económico, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. La norma nació para frenar el avance de las grandes cadenas de supermercados que utilizaban los bestsellers como mero anzuelo comercial, destruyendo así a las librerías de barrio y a toda la cadena editorial. De esta manera, se estableció el precio uniforme de venta al público de libros (conocido como PVP) en todo el país, una política que garantizó durante un cuarto de siglo el consenso unánime del sector y protegió un bien cultural. 

Hoy, sin embargo, el Gobierno de Javier Milei vuelve a embestir contra esta normativa. A través del anteproyecto de desregulación impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, el oficialismo intenta por tercera vez —tras los fracasos del DNU 70/23 y la versión original de la Ley Bases— derogar de un plumazo la Ley 25.542.  La insistencia revela la verdadera naturaleza de la medida: no se trata de un ajuste económico para bajar el riesgo país ni de un alivio macroeconómico, sino de un ataque meramente doctrinario que concibe al libro como una simple mercancía y pretende retirar por completo la presencia protectora del Estado.

Bajo la falsa promesa de que la competencia abaratará los costos para el consumidor, el experimento de la desregulación ya demostró sus resultados negativos en el mundo, pero eso pareciera importarle poco a Sturzenegger. 



En los años noventa, el Reino Unido abandonó el precio fijo de los libros: la consecuencia inmediata no fue una rebaja sostenida, sino el cierre de más de la mitad de sus librerías independientes y una brutal concentración del mercado en manos de multinacionales y plataformas como Amazon, que terminaron encareciendo los precios.

Por el contrario, países como Francia y Alemania mantuvieron el precio único, protegiendo sus redes de librerías y preservando la diversidad editorial frente a los algoritmos. La Ley Lang de 1981 —el modelo explícito de la norma argentina— fijó el precio único partiendo de una definición que Jack Lang enunció entonces y que sigue siendo el corazón del asunto: el libro no es un producto como los demás.

La embestida no solo destruye el trabajo nacional, sino que atesta un golpe demoledor al federalismo argentino. La ley vigente garantiza que un vecino en Tartagal, Esquel o Resistencia pague por un ejemplar exactamente el mismo valor que un lector en la Capital Federal. De consumarse la desregulación impulsada por Sturzenegger, la lógica del volumen comercial marginará a las librerías de las provincias —que operan con márgenes mínimos—, abaratando momentáneamente un puñado de títulos en selectos barrios porteños a costa de la extirpación cultural en el resto del territorio nacional.

A esta amenaza se le suma un peligro aún más grave contenido en el artículo 14 del anteproyecto: el desarme de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura. Al liquidar el Fondo Nacional que sostiene los programas públicos, el Gobierno pone directamente en jaque herramientas fundamentales de democratización como el programa Libro % de la CONABIP. Este mecanismo permite a más de 1.500 bibliotecas populares de todo el país abastecerse a mitad de precio en la Feria del Libro, garantizando que el conocimiento llegue a cada rincón del país. Las bibliotecas populares son una institución específicamente argentina: las inventó Domingo Faustino Sarmiento en 1870 y son, desde entonces, una sociedad entre el Estado y los vecinos. 

La postura de la Cámara Argentina del Libro

La Cámara Argentina del Libro (CAL) manifestó su rechazo a la iniciativa gubernamental, al considerar que su eliminación afectaría la diversidad editorial, el acceso a la lectura y la supervivencia de las librerías independientes.

A través de un comunicado, la entidad, que nuclea a unas 500 editoriales pequeñas y medianas de todo el país, sostuvo que la normativa vigente desde 2001 constituye una herramienta clave para fortalecer el ecosistema del libro al garantizar que el precio de cada ejemplar, fijado por el editor, sea respetado en todos los canales de comercialización.

Según la CAL, el sistema de precio uniforme no restringe la competencia, sino que la orienta hacia la calidad del servicio, el asesoramiento especializado, la amplitud del catálogo y la promoción de nuevos autores, evitando que el mercado quede dominado únicamente por quienes pueden aplicar mayores descuentos.

Asimismo, sostuvo que el precio uniforme facilita el cálculo de las regalías de los autores y contribuye a combatir la piratería al establecer un valor de referencia para las ediciones legales.



Por último, destacó que la industria editorial sostiene miles de puestos de trabajo vinculados a autores, traductores, ilustradores, correctores, diseñadores, distribuidoras y editoriales, y afirmó que el sector registró un importante crecimiento desde la sanción de la ley.

Entre los principales resultados atribuidos a la normativa, la CAL señaló que desde 2001 se triplicó la cantidad de novedades editoriales publicadas, se duplicó el número de editoriales y el país consolidó una red de alrededor de 1.500 librerías, una de las mayores de América Latina en relación con su población.

---

---