Durante el primer trimestre de 2026
la pobreza alcanzó al 30% de la población y la indigencia al 6,5%, un incremento que interrumpió la tendencia descendente que habían mostrado ambos indicadores en los últimos meses y de la cual se valía el Gobierno nacional para mencionar sus logros. Entre los principales factores que explican este cambio de escenario se destacan el deterioro del poder adquisitivo de los hogares y la aceleración de la inflación.
Así lo advirtió un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la
Universidad Católica Argentina (UCA), elaborado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El trabajo detectó un incremento de 0,1 puntos porcentuales en la pobreza y de 0,4 puntos en la indigencia respecto del último trimestre de 2025, aunque en la comparación interanual ambos indicadores todavía muestran niveles inferiores.
Los datos reflejan "el agotamiento de la fase de descenso y su reemplazo por un escenario de estancamiento, con indicios de reversión", según indicó el director del ODSA-UCA, Agustín Salvia. Además, este señaló que el deterioro "es más visible en la pobreza", mientras que en la indigencia expresa un empeoramiento gradual de los hogares ubicados en la base de la distribución del ingreso.
Qué provocó la suba
Entre los factores que explican el cambio de tendencia, el estudio menciona que los salarios dejaron de ganarle a las canastas básicas, un mercado laboral con mayor informalidad y subocupación, una recuperación de ingresos distribuida de forma desigual y una desaceleración de la actividad económica que no logró traducirse en mejoras generalizadas para los trabajadores.
En cuanto a la distribución territorial, Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%) y Posadas (42,6%) encabezaron el ranking de pobreza, mientras que Gran Resistencia registró además la mayor tasa de indigencia, con el 24,3%. En este marco,
los niños de entre 5 y 12 años continúan siendo el grupo más afectado: la pobreza alcanzó al 44,2% y la indigencia escaló al 11,4%.
El informe también advierte sobre la pérdida de capacidad protectora de las transferencias sociales, afectadas por los rezagos en las actualizaciones frente a la inflación, y por el mayor peso que adquirieron gastos como
tarifas, alquileres y servicios básicos dentro del presupuesto familiar, reduciendo los recursos disponibles para alimentos y otras necesidades esenciales.