21.09.2026 / Corrupción y mentiras libertarias
Nepotismo y gastos siderales en Olivos: echaron a la número dos de Karina Milei
El Gobierno formalizó la salida de Belén Agudiez, la subsecretaria que manejaba la residencia presidencial y que había colocado a familiares directos en tareas de mantenimiento, jardinería y administración. Su desplazamiento desnuda que la "militarización" de Olivos no respondió a motivos de seguridad, sino a un escándalo de corrupción interno.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la salida de María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia y funcionaria de máxima confianza de Karina Milei, quien tenía a su cargo el manejo integral de la Quinta de Olivos.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1055/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y aunque el texto oficial no explicita los motivos de la desvinculación y solo agradece "los servicios prestados", distintas fuentes confirmaron que se trató de un pedido directo de la propia Karina Milei tras destaparse un escándalo de nepotismo y gastos irregulares en la residencia presidencial.
Familiares en la nómina y sospechas de sobrefacturación
Según pudo reconstruirse, Agudiez había colocado a varios integrantes de su propio círculo familiar en puestos de trabajo dentro de la Quinta de Olivos: designó como intendente de la residencia a su cuñado, el jardinero Javier Sosa, e incorporó también a primos, a su hermana y a su madre en tareas de mantenimiento, limpieza y administración del predio presidencial.
La situación ya había generado sospechas semanas atrás, cuando la diputada Marcela Pagano denunció una licitación por 700 millones de pesos para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, presuntamente direccionada para beneficiar a un contratista al que calificó como "socio" de la ahora ex funcionaria.
Pagano fue más allá y denunció que el entorno de Agudiez habría utilizado a un jubilado de un barrio carenciado, sin bienes ni patrimonio propio, para inscribirlo como proveedor oficial de la Presidencia y facturarle al Estado más de 600 millones de pesos. También sugirió que la estructura y los insumos de la cocina de la residencia presidencial podrían haber sido utilizados para abastecer un emprendimiento de catering privado vinculado a la propia funcionaria.
Una "militarización" que en realidad fue una purga
El desplazamiento de Agudiez llega apenas días después de que el Gobierno anunciara la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y el traslado de toda la responsabilidad sobre la seguridad del predio a la Casa Militar, una decisión que en su momento se presentó públicamente como una medida de seguridad, incluso vinculada por algunos voceros oficialistas a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.
Aquella reorganización derivó, según fuentes oficiales, en al menos 12 despidos de personal civil -entre jardineros, cocineros y personal de mantenimiento-, reemplazados por efectivos militares, con un plazo de hasta 60 días para completar la transferencia total de responsabilidades y bienes.
La salida de Agudiez, sin embargo, deja en evidencia que la motivación real de la purga excedía largamente lo estrictamente vinculado a la seguridad presidencial. Entre los factores que habrían terminado de convencer a Milei y a su hermana de desplazar a la funcionaria figuran el hartazgo por el uso privado de las instalaciones de la Quinta -donde, según trascendió, se organizaban cumpleaños, asados y otros eventos familiares que interferían con la rutina presidencial- y el descubrimiento de gastos desproporcionados, entre ellos la compra multimillonaria de carne para la residencia.
Un nuevo capítulo de escándalos que salpica al círculo íntimo de Milei
La salida de Agudiez se suma a una serie de episodios que en las últimas semanas expusieron tensiones y manejos cuestionados dentro del entorno más cercano al Presidente y a su hermana, en momentos en que el propio Gobierno atraviesa fricciones internas con Patricia Bullrich por la discusión del Presupuesto 2027 y continúa bajo la lupa judicial por otros expedientes de alta exposición, como la causa Andis por la presunta filtración de los audios de Diego Spagnuolo o el pedido de justificación patrimonial que debió presentar el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El episodio de Olivos, en particular, expone una contradicción de fondo para una gestión que hizo de la lucha contra "la casta" y el gasto estatal uno de sus principales estandartes discursivos: la propia residencia presidencial, cuyo cuidado había quedado en manos de una funcionaria de máxima confianza del oficialismo, terminó convertida en el escenario de una trama de nepotismo y sospechas de sobrefacturación que la Casa Rosada debió resolver puertas adentro, lejos de la transparencia que el propio Gobierno reclama para el resto del Estado.
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