Defensa: ATE protesta frente a la obra social de los militares por los despidos y Presti echó al liquidador del exIOSFA

La cartera conducida por Carlos Presti atraviesa una dramática crisis. En este momento, el edificio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) permanece ocupado por trabajadores de ATE, episodio posterior a la remoción de Ariel Guzmán como administrador y liquidador del exIOSFA por parte del ministro de Defensa. La protesta se realiza contra el despido de cientos de trabajadores y el cierre de 13 hoteles y dos recreos, mientras el Gobierno enfrenta cifras en rojo heredadas de la anterior estructura.

Este jueves al mediodía, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que la actual gestión “conduce al organismo directo a la quiebra”. Según advirtió, cuando Petri asumió en Defensa había depósitos por $25.000 millones y actualmente la deuda supera los $500.000 millones.

Asimismo, el dirigente de los estatales afirmó que “no garantizan las prestaciones básicas” y que buscan avanzar con el cierre de las farmacias propias y su reemplazo por franquicias privadas.

La protesta sindical se da luego de que se confirmara la intención de reducir la estructura de la OSFA y cerrar establecimientos turísticos, con unos 600 puestos de trabajo en riesgo, según ATE. En ese marco, el gremio alerta que la reorganización pone en riesgo prestaciones y delegaciones del interior y recordó las denuncias por presuntos manejos irregulares durante la administración anterior, entre ellas el destino de un préstamo de $40.000 millones que debía utilizarse para equipamiento médico.

La crítica situación llegó a provocar la intervención de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien calificó la crisis como un “desfalco”.

 

Presti echó a Guzmán

En paralelo, Presti decidió desplazar a Guzmán del proceso de disolución y liquidación del exIOSFA después de recibir un informe en el que el entonces administrador expuso las dificultades para cerrar las cuentas. El estado de situación a julio registraba una deuda consolidada de $213.902 millones, de los cuales $139.057 millones correspondían a obligaciones vinculadas con Gendarmería y Prefectura. El pasivo incluye compromisos con laboratorios, droguerías, prestadores médicos y proveedores de medicamentos.

El informe de Guzmán también dejó expuesto que el exIOSFA continúa generando obligaciones pese a encontrarse en proceso de liquidación. La nueva OSFA solicitó que el organismo anterior mantuviera la atención médica a través de su red de prestadores, lo que modificó el cronograma previsto: IOSFA debía sostener las prestaciones hasta el 30 de septiembre y luego concentrarse en las tareas administrativas, con un cierre definitivo previsto para febrero de 2027. La continuidad de la atención implica seguir recibiendo, auditando y acumulando facturas mientras se intenta cerrar el pasivo.

A ese escenario se suma la falta de recursos para afrontar las obligaciones pendientes. Guzmán advirtió sobre deudas con prestadores y proveedores, dificultades para conseguir medicamentos e insumos, restricciones de crédito y una creciente judicialización mediante amparos, cautelares, sentencias, astreintes y embargos. También señaló que quedaron pendientes facturas por prestaciones brindadas a las fuerzas de seguridad durante abril y mayo, mientras que OSFFESEG acumuló pagos sin resolver desde junio.

Mientras se intenta ordenar el pasivo, el proceso de reestructuración avanza sobre el patrimonio y los servicios del organismo: hoteles, complejos recreativos y residencias fueron transferidos para su manejo por las Fuerzas Armadas y se contempla el cierre progresivo de las 33 farmacias propias. 

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