31.10.2026 / ELECCIONES EN BRASIL
De la reducción de la jornada laboral al perdón de deudas: las medidas que tomó Lula antes de ganar el balotaje
Entre la derrota de la primera vuelta y su victoria frente a Flávio Bolsonaro, el presidente brasileño impulsó una batería de medidas económicas y sociales: redujo la jornada laboral, eliminó impuestos sobre los combustibles, perdonó deudas a pequeños emprendedores y anunció nuevos beneficios para estudiantes y trabajadores.
El 4 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva sufrió un revés electoral inesperado: obtuvo el 45,16% de los votos y quedó por detrás de Flávio Bolsonaro, que alcanzó el 47,03%. Tres semanas después, el 25 de octubre, el presidente brasileño consiguió revertir el resultado y fue reelegido con el 51,79% de los sufragios.
Entre una elección y otra, el gobierno de Lula desplegó una intensa agenda de decisiones económicas, laborales y sociales. En apenas 21 días, Brasil aprobó una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, eliminó temporalmente los impuestos federales sobre la gasolina, amplió los subsidios a los combustibles, sancionó beneficios para millones de pequeños emprendedores y anunció nuevas iniciativas para estudiantes, familias endeudadas y usuarios del transporte público.
Las medidas combinaron reformas de alcance estructural con decisiones de impacto inmediato sobre los ingresos y los gastos cotidianos de la población. Algunas entraron en vigor durante la campaña, mientras que otras quedaron sujetas a una implementación gradual o a la aprobación del Congreso.
El fin de la jornada laboral de seis días y la semana de 40 horas
La decisión más importante en materia laboral llegó el 16 de octubre, nueve días antes del balotaje. Ese día, el Congreso brasileño promulgó una reforma constitucional que reduce progresivamente la jornada máxima de trabajo de 44 a 40 horas semanales, sin disminución salarial, y garantiza dos días de descanso remunerado.
La iniciativa representa el final de la denominada escala 6x1, un régimen que establece seis días de trabajo por uno de descanso y que afecta especialmente a empleados del comercio, los servicios, el turismo y otras actividades.
Según datos del Ministerio de Trabajo brasileño, de los 44,5 millones de trabajadores formales del país, unos 14,7 millones estaban sujetos a ese esquema. Es decir, aproximadamente uno de cada tres empleados registrados deberá adaptar su jornada a las nuevas condiciones.
La reforma, aprobada por 75 votos contra uno en el Senado, establece un período de transición: a los 60 días de su promulgación, la jornada máxima bajará a 42 horas semanales y, al cabo de un año, llegará a las 40 horas.
La reducción del tiempo de trabajo sin pérdida salarial fue una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales brasileñas y se convirtió en una de las reformas laborales más importantes de los últimos años.
Menos impuestos sobre la gasolina y mayores subsidios a los combustibles
El 9 de octubre, apenas cinco días después de la primera vuelta, el gobierno anunció un nuevo paquete de medidas para contener los precios de los combustibles, en medio del aumento internacional del petróleo provocado por la guerra en Medio Oriente.
La principal decisión fue eliminar temporalmente los impuestos federales que todavía gravaban la gasolina. Con la suspensión del PIS, Cofins y Cide, el alivio impositivo pasó de 0,63 a 0,89 reales por litro. El gobierno también amplió los subsidios al etanol, de 0,25 a 0,43 reales por litro, y estableció una subvención adicional de 1,40 reales por litro para el diésel importado.
Según las estimaciones oficiales, las medidas para gasolina y etanol representaban un costo fiscal de 3.600 millones de reales durante 30 días.
El paquete buscó amortiguar el impacto del encarecimiento internacional del petróleo sobre los consumidores, los transportistas y los costos de producción.
Perdón de deudas y nuevos beneficios para millones de pequeños emprendedores
Otro de los anuncios centrales de las semanas previas al balotaje estuvo dirigido a los microemprendedores individuales, conocidos en Brasil como MEI, una categoría tributaria que presenta algunas similitudes con el monotributo argentino.
El 21 de octubre, apenas cuatro días antes de la elección, Lula sancionó una ley de apoyo al sector que incluyó el perdón de aproximadamente 16.000 millones de reales en deudas tributarias.
Según el gobierno, la medida beneficiará a alrededor de cuatro millones de pequeños emprendedores que tenían dificultades para acceder al crédito por sus deudas con el Estado.
La reforma también amplió el límite anual de facturación para permanecer dentro del régimen simplificado, que pasó de 81.000 a 110.000 reales, y habilitó la contratación de un segundo empleado.
A estas medidas se sumaron otras iniciativas destinadas al sector, como el programa PixMEI, que contempla ayudas no reembolsables de hasta 5.000 reales para inversiones productivas, y una nueva versión del Desenrola destinada a facilitar la renegociación de deudas bancarias.
El gobierno también anunció la flexibilización de obligaciones administrativas y de facturación para pequeños emprendimientos.
Una nueva ayuda económica para estudiantes universitarios
Durante la segunda vuelta, Lula anunció además la ampliación del programa Pé-de-Meia, una política de incentivos económicos para favorecer la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.
La nueva iniciativa, prevista para comenzar en 2027, contempla pagos mensuales de 700 reales durante diez meses para estudiantes de universidades públicas y beneficiarios del programa Universidade para Todos (Prouni).
El objetivo es reducir la deserción universitaria, especialmente entre estudiantes de bajos ingresos que necesitan trabajar para sostener sus estudios. La ampliación tendría un costo estimado de 4.600 millones de reales y se sumaría a los programas de asistencia educativa que ya funcionan en Brasil.
A diferencia de la reforma laboral, el beneficio universitario fue anunciado durante la campaña, pero todavía no estaba vigente al momento del balotaje.
Transporte público gratuito los fines de semana
El 21 de octubre, durante la misma ceremonia en la que sancionó los beneficios para los microemprendedores, Lula anunció otra iniciativa: un proyecto para garantizar la gratuidad del transporte público en colectivos durante los fines de semana.
La propuesta contempla utilizar parte de los recursos presupuestarios que administran los parlamentarios para financiar el transporte gratuito los sábados y domingos.
El presidente vinculó expresamente la iniciativa con la reducción de la jornada laboral. Su argumento fue que, si los trabajadores iban a disponer de dos días de descanso por semana, el Estado debía facilitar también sus posibilidades de trasladarse, visitar familiares y disfrutar del tiempo libre.
La iniciativa todavía requiere tratamiento legislativo, por lo que no constituye un beneficio vigente, pero incorporó el transporte público a la agenda social de las últimas jornadas de campaña.
Una batería de medidas que se sumó a los aumentos de la asistencia social
Las decisiones adoptadas entre las dos vueltas electorales no surgieron de manera aislada. Durante los meses anteriores, el gobierno ya había impulsado otras iniciativas de impacto social, entre ellas un aumento del 15,17% del Bolsa Família, el principal programa de transferencias de ingresos para familias de bajos recursos.
También había anunciado una nueva etapa del programa Desenrola, destinado a renegociar deudas de los hogares brasileños, y había avanzado con la prohibición de las plataformas de apuestas deportivas y juegos online de cuota fija, conocidas como bets.
Aunque estas decisiones fueron anteriores a la primera vuelta, formaron parte de la agenda económica y social con la que Lula llegó a la definición presidencial.
Según un relevamiento publicado por el medio brasileño UOL el 14 de octubre, las nuevas medidas anunciadas después de la primera vuelta representaban un impacto fiscal potencial de 25.800 millones de reales hasta 2027.
Si se sumaban las iniciativas presentadas durante los meses previos, el costo estimado del conjunto de medidas alcanzaba los 74.600 millones de reales hasta finales de 2027, aunque parte de esa cifra dependía de proyectos todavía pendientes de aprobación.
Tres semanas de decisiones políticas antes de la remontada
La secuencia de medidas muestra la intensidad de la agenda gubernamental durante las tres semanas que separaron las dos vueltas electorales.
El 9 de octubre, Lula amplió los beneficios sobre los combustibles. El 16, Brasil promulgó la reforma constitucional que reduce la jornada laboral. El 21, el presidente sancionó una ley de apoyo a los pequeños emprendedores y anunció una iniciativa para garantizar el transporte público gratuito los fines de semana. En paralelo, presentó nuevos programas de asistencia económica para estudiantes y trabajadores independientes.
La batería de decisiones alcanzó a sectores muy diferentes de la sociedad brasileña: trabajadores asalariados, pequeños comerciantes, emprendedores, estudiantes universitarios, familias endeudadas y consumidores.
No todas las medidas tuvieron el mismo alcance ni produjeron efectos inmediatos. Algunas, como la reducción de impuestos sobre la gasolina, comenzaron a aplicarse durante la campaña. Otras, como la reforma laboral, establecieron transformaciones que se implementarán progresivamente. Y varias de las iniciativas anunciadas todavía dependen de decisiones administrativas o legislativas.
Tampoco es posible determinar cuánto influyó cada una de ellas en el comportamiento electoral. Pero la sucesión de reformas, beneficios y anuncios permite reconstruir una dimensión central de las tres semanas en las que Lula pasó de perder la primera vuelta a conseguir su reelección.
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