La
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)
denunció al PRO por habilitar el funcionamiento de 17 "cuevas" sin la intervención del Banco Central.
El fiscal general a cargo,
Carlos Gonella, sostuvo que
no se trató de hechos aislados y pidió que se investigue a los funcionarios implicados por incumplimiento de deberes y encubrimiento de delitos.
El BCRA inspeccionó 23 comercios por presuntas violaciones a la Ley Penal Cambiaria y 17 contaban con una habilitación dada por la Dirección de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, circunstancia que contribuía a aparentar legitimidad en la operatoria marginal de cambio ilegal.
En tanto, los restantes seis establecimientos realizaban actividades de intermediación financiera no autorizada y cambiaria, por lo que también fueron reportados ante el titular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires.
"En concreto, se trataría de la figura prevista por el artículo 248 del Código Penal, que reprime a quien, detentando la calidad de funcionario público, dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare órdenes y resoluciones de esta clase o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbe", afirmó la Procelac.