por Rodrigo Gomez Tortosa*
De forma sorpresiva, tras más de 50 años de espera, finalmente llegó el anuncio de que el Estado Colombiano y la guerrilla FARC-EP (Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana – Ejercito del Pueblo) firmarán hasta en un plazo de seis meses la paz definitiva. Con más tinte de un encuentro entre Jefes de Estados que entre un Presidente y un líder de Guerrilla, Juan Manuel Santos estrecho la mano del Comandante Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timonchenko, en la que hicieron el histórico anunció en la Habana.
Estuvo presente el Presidente de la República de Cuba Raúl Castro y representantes de Noruega, Venezuela y Chile, garantes del proceso de Paz.
Ayer por la mañana el Comandante Timoleón Jimenez de las Farc-EP declaraba: “Hemos logrado, con la invaluable ayuda de la subcomisión jurídica, retirar muchos de los obstáculos que hacían más difícil el camino de nuestra reconciliación. Tenemos una Jurisdicción Especial para la paz que, además de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, será factor dinamizador de la firma de nuevos acuerdos”.
Sobre la Jurisdicción Especial que se pondrá en funcionamiento luego de firmarse la paz sostenía el Comandante: “Hacemos realidad lo reiterado en la Mesa de conversaciones en cuanto a que las víctimas del conflicto están en el centro del acuerdo; la jurisdicción de la que informamos, examinará los hechos ocurridos durante el conflicto armado, establecerá responsabilidades y procederá a sancionar a quienes incurrieron en graves infracciones contra los derechos humanos, infracciones al DIH y crímenes de lesa humanidad”.
Santos, en su parada en la Habana antes de continuar su viaje hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, consideró que “hoy es un dia crucial y muy positivo en el avance de nuestro país hacia la país y hacia la terminación del conflicto armado. Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las Farc y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final a mas tardar exactamente en seis meses”.
La Jurisdicción Especial para la paz que fue acordada resolverá sanciones tanto para los combatientes de la guerrilla como para los militares del Estado. Las sanciones serán alternativas para quienes ofrezcan verdad y se responsabilicen de sus actos (máximos 5 años) y para quienes nieguen su responsabilidad puede alcanzar hasta 20 años de prisión. La intención sería respetar la normativa penal colombiana como también la que rige en el Derecho Internacional Penal Se tendría como parámetro principalmente el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenio de Ginebra informaron desde la FARC-EP.
El Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter declaró:” Santos no es la Paz la que está cerca, es a la entrega a Farc y a la tiranía de Venezuela”. Cabe destacar que Uribe es el principal opositor al actual proceso de paz y al presidente Santos y se encuentra denunciado por múltiples vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico colombiano. Su hermano Santiago Uribe es denunciado como uno de los fundadores del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.
Un interrogante se abre con respecto al futuro del paramilitarismo y el respeto a los derechos humanos en un país donde la desolación y la violación sistemática de derechos humanos está a la orden del día.
Actualmente en Colombia, según ACNUR (Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados), existen 5.3 millones de personas desplazadas, convirtiéndolo entre unos de los 5 países del mundo con este flagelo; el resto son Siria, Nigeria y el Congo principalmente. Sin contar que entre 2009 y 204 fueron asesinados 275 defensores de derechos humanos. Aún falta recorrer un arduo camino para acordar los últimos y más duros puntos del tan ansiado Acuerdo de Paz, pero la esperanza perdura en la Habana y son más de 48 millones de colombianos que la necesitan.
*Politólogo
@rodagtortosa