05.07.2016 / INFORME DE LA CONADU

Subejecución presupuestaria, otro golpe a las universidades nacionales

Un estudio advierte sobre la baja ejecución de las partidas destinadas a las universidades en los primeros meses del año, que se suma a los efectos de la inflación y aumentos de tarifas sobre estas casas de estudios. “Esto expresa una concepción política”, dijo la directora del Instituto de Estudios y Capacitación. Y alertó sobre “el posible intento de reintroducir lógicas mercantiles en la universidad”.




Además de la inflación y el aumento de las tarifas, las universidades nacionales se vieron afectadas en la primera mitad del año por una subejecución de las partidas presupuestarias instrumentada desde el Gobierno nacional.  De los $56.632 millones presupuestados para este 2016 en concepto de transferencias a las casas de estudio de nivel superior se ejecutaron sólo $15.748 millones hasta fines de mayo, lo que representa el 28,9% del presupuesto anual. Un nivel de ejecución que se encuentra por debajo del nivel de ejecución general del sector público (32%). Los datos se desprenden del primer informe sobre presupuesto universitario elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).  

“Lo que hay es una subejecución que particularmente afecta a los programas especiales de las universidades, que llega vía la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), y en todo lo que tiene que ver con convenios con distintas jurisdicciones de la administración pública nacional. Por ejemplo programas que tienen que ver con el desarrollo de las nuevas universidades o nuevas carreras, programas de mejoramiento de las carreras, de infraestructura”, enumeró Yamile Socolovsky, directora del IEC, en diálogo con Política Argentina. “La decisión de sostener el financiamiento o no de actividades vinculadas con el desarrollo universitario expresa una concepción política”, concluyó.

Según el informe, la mayor parte de los programas presupuestarios no empezó siquiera a ejecutarse desde que comenzó el año: de un total de 88 programas vigentes, “59 programas que tenían previsto ejecutar transferencias a universidades durante 2016 tienen un devengado de cero pesos” hasta el 20 de mayo. “En general las universidades más pequeñas son las que tienen más problemas, porque las grandes tienen recursos para resolver algunas cuestiones”, comparó. Y advirtió que el panorama es más grave aún en la actividad de investigación desarrollada en las universidades: “Ahí hay una subejecución incluso más notoria, de alrededor del 13 por ciento de ejecución”.



“Básicamente el financiamiento que ha ingresado es el destinado a pago de salarios, que se lleva la mayor parte del presupuesto universitario, y parte del financiamiento de gastos de funcionamiento –explicó Socolovsky- Es el otro punto problemático: los gastos de funcionamiento se han encarecido de manera notable con el aumento de tarifas de servicios básicos y de otro tipio de bienes”. Teniendo en cuenta los niveles de inflación y aumentos tarifarios, la directora del Instituto destacó que “incluso si se estuviera ejecutando de manera normal el financiamiento previsto, de todos modos es insuficiente”.

La comparación de las resoluciones firmadas por la SPU entre el año pasado y el actual también arrojó datos significativos: “En los primeros cuatro meses de 2016, el Secretario firmó solamente 13 resoluciones, cuando en el mismo lapso del año anterior se habían firmado 268, según informa la misma página del Ministerio de Educación y Deportes”.

“Nosotros lo atribuimos a una decisión política, que es coherente con un planteo general que se viene desarrollando de achicamiento y reforma del Estado en un sentido que a nosotros nos preocupa enormemente”, expresó Socolovsky. Y agregó: “La universidad está siendo parte de ese proceso de ajuste y reforma. Siempre de la mano del ajuste –ya nos pasó en los ‘90- avanzan procesos de reestructuración. Estamos alertando sobre el posible intento de reintroducir lógicas mercantiles en la universidad, que no tienen que ver exclusivamente con la posibilidad del arancelamiento de los estudios sino también con la orientación del conjunto de la actividad universitaria bajo la lógica del mercado”.

El fenómeno, según la directora del Instituto, ya existe a nivel mundial y la actual gestión está en línea con esa política: “Hay que tener muy presente que la educación superior se ha convertido a nivel global en un espacio de desarrollo de la actividad mercantil de una manera muy intensa. Nosotros en Argentina tenemos una muy  fuerte tradición de universidad pública y hemos tenido en estos años un crecimiento grande del sistema público y de algún modo hemos estado protegidos de ese embate, pero estamos ahora en una situación en la cual las orientaciones generales de política del Gobierno caminan en ese sentido”.