10.08.2016 / SE POSTERGÓ LA RESOLUCIÓN
El viernes definirán si le otorgan o no la prisión domiciliaria a Etchecolatz
La audiencia prevista para hoy para determinar si el genocida Miguel Etchecolatz recibe el beneficio de continuar su condena en su casa fue postergada por la falta de un juez en el Tribunal. Una gran marcha de organismos de Derechos Humanos reclamó que siga en cárcel común.
La definición sobre si le otorgan o no el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz fue postergada en principio para el viernes: la sesión prevista para hoy se suspendió porque Casación no había designado a un juez subrogante que completara la conformación del Tribunal. En tanto, hubo una gran concentración de organismos de Derechos Humanos y militantes en las escalinatas de la Cámara Federal, para reclamar que siga en prisión común el represor condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad.
“Fue prácticamente el movimiento de Derechos Humanos en pleno. Pese a algunas diferencias que siempre hay, ante la perversidad de pensar a Etchecolatz suelto, todo quedó de lado. Fue un amplio abanico ideológico y de organizaciones y fue bastante nutrido”, describió el abogado Emanuel Lovelli, de Abuelas de Plaza de Mayo en La Plata. Explicó que la definición sobre la situación del genocida podría demorarse aún más si Casación no designa pronto al juez faltante, ya que podría no llegar a leer el expediente hasta el viernes.
"A casi diez años de la desaparición de Jorge Julio López no podemos permitir más impunidad", expresaron las organizaciones de derechos humanos en alusión al albañil que desapareció en septiembre de 2006, tras testificar en el juicio que finalmente condenó a perpetua a Etchecolatz.
La protesta surgió luego de que a fines del mes pasado el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, con votos de los subrogantes Germán Castelli y Jorge Michelle, concediera a Etchecolatz el arresto domiciliario debido a su edad (87 años), pese a que no tiene dolencias graves que impidan su cuidado en la cárcel. La medida no se efectivizó porque el genocida está bajo prisión preventiva a disposición de otros jueces en otros expedientes.
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