01.09.2016 / Números estadísticos podrían utilizarse con fines comerciales

Denuncian vaciamiento en el ministerio de Educación

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y gremios docentes realizaron un abrazo a la entidad en protesta por los 200 despidos. Además aseguran que las estadísticas educativas están en peligro y que los datos personales de niños, jóvenes, adultos y trabajadores de todo el país están siendo entregados a personas sin nombramiento o función.




Hace unas semanas el ministerio de Educación decidió despedir a 200 trabajadores. En este marco Política Argentina se comunicó con el secretario general de ATE, Rodrigo Recalde, quien explicó que esto “repercute en distintas áreas como: el Instituto Nacional de Formación Docente; el Instituto Nacional de Educación Tecnológica; programas Socioeducativos; centros de actividades infantiles; centros de actividades juveniles;  coro y orquesta; las dirección de educación de jóvenes y adultos; entre otros”.

Además denunció que las autoridades del Ministerio en ningún momento convocaron al diálogo y que llevaron adelante los despidos de manera violenta y abusiva dado que llamaron a los trabajadores "desde un teléfono anónimo diciéndoles que a partir del lunes no se presenten a trabajar”.

En este marco se encuentran en estado de asamblea permanente y ayer realizaron un simbólico abrazo a la institución en protesta por las medidas impulsadas. “Entre 1500 y 2000 personas hicimos ayer un abrazo al ministerio. Además participaron la CONADU; CTERA, la UTE, estudiantes, Madre Línea Fundadora”.

“Que falte nuestro trabajo implica que todo lo que se vino construyendo termina porque detrás de cada uno de nuestros compañeros hay un docente menos que va a la villa a dar clases; hay un alfabetizador menos que se mete en El Impenetrable; tenemos menos libros y menos computadores que no se entregan y tenemos el fin de las políticas públicas”, enfatiza.



Estadísticas en peligro

La Dirección de Información y Estadística Educativa (DiNIEE), dependiente de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, del Ministerio de Educación, denuncian que está siendo vaciada en recursos, tanto en personal, equipamiento y bases de datos, que se necesitan para relevar y difundir las estadísticas oficiales de educación.

En este sentido Recalde indicó que “lo que dicen es que esa información la va a centralizar Modernización”. “Es muy preocupante porque en realidad lo que vemos es que esa información de todos los docentes y comunidad de país puede ser usada con diferentes fines como comerciales”, agregó.

En este marco aseguran que Baltasar Quinterno, persona cercana a Bullrich, estaría  “centralizando” las actividades de sistema e informática desconociendo la diferencia entre información de gestión e información que es parte de la estadística pública y que, por lo tanto, rigen bajo la Ley de Secreto Estadístico, la Ley de Protección de Datos Personales, entre otras.

Estas normativas refieren a la importancia de garantizar la publicación y difusión de los datos necesarios para la transparencia de las actuaciones de gobierno y la investigación, pero preservando la identidad de los actores a quienes refiere la información que se releva que, en el caso de la educación son, las escuelas, los docentes, los alumnos y sus familias.

Por su parte la Dirección de Información y Estadística Educativa (DiNIEE), es la encargada de relevar, sistematizar y difundir las estadísticas públicas educativas de las 50 mil escuelas en las 24 provincias del país. En este sentido se trata de información que tiene una continuidad de 20 años y que es comparable desde 1996. Por esta razón denuncian que “se trata de una política de Estado, por su continuidad en el marco de los cambios de las gestiones de gobierno, que está en riesgo y que pone en jaque la continuidad de la estadística oficial de educación de nuestro país”.

Además estos datos se utilizan para construir diagnósticos, planificar y gestionar el sistema educativo en todos los niveles y en todo el territorio nacional, como la obligatoriedad del nivel secundario, de la sala de 4 años o la extensión de la escolaridad en la sala de 3 años, por lo que estos datos personales de niños jóvenes, adultos y trabajadores de todo el país están siendo entregados a personas que sin nombramiento o función establecida dentro del propio Ministerio responden a las directivas de Bullrich, según denunciaron a Política Argentina.  
 

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