Finalmente el juez Pablo Yadarola, encargado del Juzgado en lo Penal Económico N° 2, dispuso el decomiso definitivo del dinero que intentó ingresar a la Argentina el empresario venezolano Antonini Wilson en el año 2007. Según la disposición los 790.550 dólares serán utilizados para fines sociales.
La resolución precisó que "la ilicitud del origen del dinero se encuentra acreditado de diferentes elementos recabados", como el transporte en efectivo del dinero, la utilización de billetes de baja denominación, la circunstancia que nadie haya reclamado la devolución del 50% del dinero y los testimonios en el juicio celebrado en Estados Unidos.
El magistrado solicitó al jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional que “por su intermedio se establezca cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o cualquier otro) para que la suma de dinero decomisada en esta causa pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad con motivo del suceso objeto de pesquisa”.