A días de las
declaraciones xenófobas del senador Miguel Ángel Pichetto,
avaladas por el Gobierno a través del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, un informe evidencia los efectos del cambio en las políticas migratorias implementado por la actual gestión.
En lo que va de 2016, se duplicaron las consultas a la Justicia de población migrante residente en villas en relación a expulsiones, deportaciones y negación de DNI.
Los datos surgen del relevamiento realizado desde el programa de Acceso Comunitario a la Justicia (Atajo) del Ministerio Público Fiscal, con sede en las villas porteñas y en distintos puntos del país. Según el estudio comparativo entre 2015 y 2016 (hasta octubre), este año creció en un 100% también el número de consultas de inmigrantes por problemas relacionados con el ingreso al país. En algunos puntos, el crecimiento fue aún mayor: en la Villa 31 de Retiro casi se quintuplicaron las consultas: fueron 33 en 2015 y 157 en 2016.
“Tuvimos una estadística de atención a migrantes que se amesetó bastante en 2014, en 2015 empezó a acrecentarse y en 2016 se disparó, generando una duplicación o más de un cien por ciento de intervenciones”, resaltó Julián Axat, titular de Atajo, en diálogo con Política Argentina.
“Hay muchas explicaciones. Por un lado, fortalecimos las redes de atención y eso generó más demanda. Pero también porque
hubo cambios de paradigma a mi entender dentro de lo que es el área de migraciones, endureciendo algunas reglas en particular de la Ley de Migraciones o de requisitos hacia los migrantes por parte de la Dirección Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior en el tema de documentación. Eso generó más demanda en los Atajo y llevó a dispararse las estadísticas”, planteó.
En las villas porteñas, indicó Axat, aproximadamente el 45% de sus habitantes son migrantes, provenientes en su mayoría de Paraguay, Bolivia y Perú. En esta población, las consultas a las sedes del Ministerio Público Fiscal en las villas no sólo crecieron a nivel interanual, sino también en cada trimestre en lo que va del año. Así, en el tercer trimestre las consultas casi triplicaron a las del primero.
En cuanto a los motivos que llevaron a los migrantes a acercarse a Atajo, una amplia mayoría tuvo que ver con cuestiones propias de incumplimientos a los derechos del migrante, relacionadas a documentación, nacionalidad y residencia. En segundo lugar se ubicaron las cuestiones vinculadas a la familia y correspondientes al fuero civil, y en tercero las relativas a información y orientación judicial en materia penal.
A lo largo de 2016 hubo también “un registro de mayor detención (de migrantes) en relación al año pasado, en particular de la comunidad senegalesa, con decomiso de sus elementos y especialmente en la zona de Constitución”.
Cabe recordar que el Gobierno anunció en septiembre la apertura de un
centro de detención de migrantes indocumentados, lo cual generó fuerte repudio de organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional.
“El caso más extremo de deportación que ha llegado ha sido el de Rigoberto Bernal –
ciudadano paraguayo, detenido y deportado injustificadamente-, donde se han violado todos los derechos del migrante. Todos los estándares internacionales de derechos humanos que consagra la Ley de Migraciones.
Lo digo sin eufemismos: se ha hecho un secuestro institucional de una persona de una villa”, definió Axat.
A partir de este caso Atajo interpuso un hábeas corpus y el juez ordenó a Migraciones que levantara el impedimento de Bernal para volver al país, pero la Dirección a cargo de Horacio García no acató y apeló. Sin embargo, la Cámara le dio la razón al juez de primera instancia.
“La Cámara al tratar la apelación la rechaza y le ordena a Migraciones que cumpla lo que dijo el juez de primera instancia, y dice que ha cometido un delito por desobedecer lo que planteó el juez. Con lo cual, creo que esta búsqueda de Migraciones de forzar sus propios criterios no tuvo resultados”, concluyó el titular de Atajo.
