Rodolfo Canicoba Corral alargó la intervención del Sindicato Obrero de Marítimos Unidos (SOMU) y pospuso una vez más la asunció de las nuevas autoridades electas durante el mes de diciembre. Quienes debían tomar el mando este 14 de febrero aseguran que se trata de una maniobra que impida llevar adelante una auditoría sobre los manejos durante la intervención.
"Hay una supuesta denuncia de Rolando Alfaro que pide la anulación de las elecciones porque no pudo participar. La denuncia de impugnación se realizó cuando las elecciones estaban en proceso, el Juez nos dijo que primero resolverán esa situación y después nos entregarán el gremio o luego de que tenga una reunión con el Ministro de Trabajo. Así que estamos esperando a ver qué pasa", describió Raúl Durdos, quien se impuso en las elecciones de diciembre.
Uno de los puntos porque no quieren reconocer a las nuevas autoridades es el vínculo de Durdos con Hugo Moyano, es que el Gobierno no quiere una foto triunfante antes de la marcha del 21 de febrero. Justamente una de las primeras fotos que se tomó Durdos después del triunfo en las elecciones internas fue con Pablo Moyano.
"Lo más probable es que nos den el mando pero con dos veedores, hasta tanto se resuelva el tema de la impugnación", dijo el sindicalista, que agregó que sería "para garantizar que el intercambio entre la intervención y nosotros se desarrolle en normalidad". Razón que nadie cree en el interior del sindicato.
En el Gobierno nacional no entienden como la lista propulsada con el oficialismo y todo el aparato sindical por estar interviniendo el gremio derivó en una derrota electoral.
Justamente el que más lo sufre es el propio juez que había designado a su cuñado Sergio Ramiro Tejada al frente de la Obra Social del Personal Marítimo (Ospm) con un sueldo de 150 mil pesos mensuales.
Ante este panorama creen que los veedores y el juez buscan que no se lleve adelante una auditoria,
es que se denuncia el posible desvíos de fondos, en particular para la campaña de la última elección legislativa nacional que llevó a Gladys González como segunda candidata a una senaduría por la provincia de Buenos Aires. También se habría utilizado dinero para la campaña gremial.