Desde la Cámara Nacional Electoral le exigieron al juez federal Adolfo Ziulu que no apruebe la rendición de cuentas de la campaña 2017 de Cambiemos después de una auditoria interna donde se exponen casos de aportes y aportantes truchos al observar que hay más de un centenar de beneficiarios de planes sociales de Anses y Ministerio de Desarrollo.
"No resulta posible aconsejar la aprobación del informe final del art. 37 de la ley 26.571 de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, categoría diputados nacionales, celebradas el 13/8/2017, presentado por la Alianza Cambiemos Buenos Aires, del distrito Buenos Aires, hasta tanto sean subsanadas las observaciones", sostiene la auditoría elevada al juez Ziulu el 31 de julio de 2018.
En el informe elevado al juez dejan en claro que muchas de estas personas que figuran como aportantes "rechazan haber realizado el aporte informado". En este sentido libró un exhorto a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y los juzgados federales de Morón, San Isidro, San Martín y Mar del Plata para que citen a varias personas que figuran como aportantes.

Graciela Ocaña y María Eugenia Vidal durante la campaña 2017
"Cabe señalar que tratándose de personas que reciben algún tipo de beneficio social por parte del Estado nacional o
están inscriptas en el monotributo social en el que podrían ser beneficiarias de tales programas, resulta llamativo, aun siendo individualmente de poca cuantía, que realicen aportes a una agrupación política", agrega la presentación de la CNE.
En el informe librado al juez Ziulu detallan que "existen casos de personas físicas y jurídicas relacionadas entre sí en la misma entidad,
situación que permite inferir con cierto grado de certeza que se trata que se trata de aportes indirectos efectuados por las empresas o entidades, prohibidos por la legislación vigente".