Comenzó 2019 y, con él, Cambiemos dio el puntapié inicial a la gestión para la campaña electoral: es que sumido en lo que inevitablemente es un rotundo fracaso económico, el presidente
Mauricio Macri se subió a la ola Bolsonaro y ordenó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanzar en una batería de medidas de mano dura que incluye la aceleración y el aumento de la cantidad de extranjeros expulsados por haber cometido supuestos delitos.
Sin embargo,
para ello la exfuncionaria de la Alianza utilizó como argumento una mentira: Bullrich afirmó que el 20% de los presos en la Argentina son inmigrantes, con la sola aclaración de que esa cifra se manifestaría "sobre todo en drogas" y "en tema motochorros".
“En el último tiempo, sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de detenidos. Esto se reproduce también en tema motochorros”, disparó "Pato" en una entrevista con radio Mitre, sin ninguna precisión ni aclaración respecto de jurisdicciones, si se trata de en el marco nacional o con todas las provincias.
Una vez más, Bullrich mintió de forma deliberada:
la ministra de Macri sólo tuvo en cuenta para su curioso cálculo a los detenidos en cárceles federales, que según datos oficiales son 13.392 personas y representan menos del 15% del total de presos que hay en la Argentina. De esas 13.392 personas privadas de su libertad, 2.680 son inmigrantes, es decir el 20% o, dicho de otro modo, dos de cada 10.
No obstante,
la falaz frase de la titular de la cartera de Seguridad deja afuera al 85% restante de los presos, que se encuentra en servicios penitenciarios provinciales. También según datos oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación y tal como consignaron varios medios periodísticos, como El Destape, de las 85.283 personas detenidas en cárceles de las provincias, sólo 5.108 son extranjeros. Menos del 6%.
De esta forma,
si se suman los 85.283 detenidos en el SPP con los 13.392 del SPF, se obtiene un total de 98.675 personas presas en la Argentina. De ese total, sólo 7.788 nacieron fuera del país, por lo que menos del 8% de los detenidos en los servicios penitenciarios son extranjeros.
Estas cifras tienen en cuenta a todas las personas privadas de su libertad, tanto aquellas con condenas firmes como procesados detenidos con prisión preventiva. De hecho, 46.196 de los presos están en esa condición sin una sentencia, o sea el 46,81% del total.
QUÉ QUIERE HACER MACRI PARA PARECERSE A BOLSONARO
En concreto, mientras avanza en la búsqueda de consenso con un sector del peronismo para confeccionar un proyecto que endurezca la ley de Migraciones 25.871,
el Gobierno usa las mentiras de Bullrich porque busca agilizar la expulsión de extranjeros que presuntamente cometieron delitos o que ingresaron de forma ilegal al país, para lo que prepara una lista de 1000 inmigrantes que sería echados pronto, creará un Fuero Migratorio y una unidad especial de búsqueda de delincuentes extranjeros. Todo antes de las elecciones.
Sobre la lista de 1000 extranjeros que podrían ser deportados próximamente, Bullrich aseguró que ese plan forma parte de un programa más extenso que será enviado al Congreso, y que incluye, entre otras cosas, la creación de una Cámara que acelere ese trámite.
“Ya hay un listado de personas. Es una primera parte de un programa más extenso que será enviado al Congreso. Pero esto (la expulsión de 1000 inmigrantes) se va a hacer con la legislación existente”, dijo.
Respecto al proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso, la funcionaria confirmó la versión de Clarín de que
“la idea es crear una Cámara”. “El problema que hay es que primero hay un proceso administrativo y luego un proceso judicial. La idea es que pueda ser un trámite más expedito, más rápido”, explicó.
Para crear un Fuero Migratorio, Cambiemos ya tiene listo un borrador oficial. Se trata, entre otras cuestiones, de la conformación de una Cámara Nacional Migratoria -inspirada en la estructural de la Cámara Nacional Electoral- que permita unificar la vía recursiva en la material y pueda sentar jurisprudencia para todos los juzgados de primera instancia del país y reducir los tiempos de las actuaciones.
Por lo pronto, este lunes pasará por Casa Rosada el director de Migraciones, Horacio “Toto” García, quien se reunirá con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para trazar la hoja de ruta para los próximos meses.
En noviembre del año pasado y tras declaraciones de Macri, este funcionario se había expresado a favor de modificar la legislación sobre el “sistema de expulsión” de ciudadanos de otros países que transgreden las normas locales y habló de "reubicar" a los miles que llegaron en los últimos años.
En tanto, Bullrich aclaró que el proceso de deportación “depende de Migraciones, del Ministerio del Interior”, pero que desde Seguridad están aportando
“unidades de búsqueda”.
Macri ya había querido avanzar con la mano dura contra los extranjeros casi cuando asumió. Luego de un año de gestión, había firmado el decreto 70/2017 que incluía una serie de requisitos para los extranjeros que quieren ingresar al país, como la prohibición para aquellos que cuentan con antecedentes penales en su país de origen; y, al mismo tiempo, modificaba los plazos administrativos para agilizar los procesos de expulsión, que hasta entonces podían demorar hasta 6 años.
Ese DNU, sin embargo, fue impugnado por distintos sectores, desde lo político y también en el ámbito judicial. Hasta que el año pasado la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su “invalidez constitucional” y frenó su aplicación. El Gobierno, de todos modos, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir.
No obstante, según Clarín las elecciones modificaron la vieja idea de esperar que la justicia defina sobre la validez de ese DNU y
el propio Presidente decidió torcer la interna sobre los extranjeros hacia el lado de la mano dura: en el oficialismo habría un sector más garantista que se opone a la expulsión anticipada y advierte que sin una condena firme sería avanzar sobre el principio de inocencia, pero también hay un ala más dura que reclama deshacerse de los inmigrantes procesados por supuestos delitos y hasta exige “reciprocidad” a los países de origen en materias como salud y educación, ala que encabeza Macri.
