En una polémica decisión, Mauricio Macri promulgó la ley de financiamiento de los partidos políticos que permite a las empresas realizar aportes a las campañas electorales, aunque con un veto parcial al artículo que prohibía que compañías con deudas impositivas aportaran.
El texto de la Ley de Financiamiento Político aprobada por el Congreso marca -entre otras restricciones- que los partidos políticos no podrán aceptar aportes o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren, por ejemplo, "imputadas en un proceso penal en trámite por cualquiera de las conductas previstas en la ley penal tributaria vigente".
A través de un decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno observó puntualmente un tramo de la norma que impide realizar aportes a quienes "sean sujetos demandados de un proceso en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación por reclamo de deuda impositiva".
El argumento que esgrimieron en el Gobierno para emitir el veto parcial es de tipo técnico: "El Tribunal Fiscal de la Nación es un organismo que recibe reclamos de los contribuyentes contra resoluciones dictadas por la AFIP. El contribuyente no es el demandado sino el que demanda si cree que no le corresponde pagar un impuesto".
Esta medida abrió la polémica porque, de esta manera, las empresas que le deban al Estado podrán financiar a espacios políticos que, de llegar al poder, serán los mismos que tienen que cobrar, o no, dicha deuda.
