La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió revocar y dejar sin efecto la resolución de Julián Ercolini, el juez de la causa que involucra al Grupo Vicentin, quien había decidido unificar en una sola parte a las querellas promovidas, en forma separada, por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco de la Nación Argentina (BNA). De esta forma dicha cámara hizo lugar a lo peticionado en las apelaciones y resolvió que ambos organismos intervengan de forma independiente.
El pasado 29 de junio del corriente año 2020, el magistrado del expediente -caratulado “Sandleris, Guido y otros S/ Defraudación”-, recurriendo a criterios que en tribunales se consideran superados por la doctrina y la jurisprudencia, decidió unificar las querellas de la UIF y el Banco de la Nación. Ante esto, desde el organismo a cargo del análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) se apeló indicando que había una errónea interpretación de los intereses que defiende la UIF y el BNA.
Ante este pronunciamiento, sectores cercanos a la investigación entendieron que el mismo traería aparejado sacar a la UIF de la causa o bien limitar sus posibilidades de impulsar la pesquisa y controlar las pruebas.
En este marco se destacó que no existía identidad de intereses entre ambos organismos ya que poseen ámbitos de competencia y facultades diferenciadas y que, incluso, carecen de igual jerarquía funcional dado que la entidad bancaria se encuentra sujeta por ley al control de la Unidad.
También se destacó que debido a que la UIF es un organismo de investigación financiera y la información que obtiene, proveniente de diversos sujetos, tiene carácter de secreta hasta que un juez disponga lo contrario. En el marco de la etapa procesal de la causa, las tareas de investigación que puede llevar adelante la UIF, podrían implicar la utilización de datos que no pueden ser revelados a otras personas por lo que resulta casi imposible ejercer una querella conjunta con otra entidad con la que no se puede compartir dicha información, máxime cuando se trata de uno de los sujetos obligados cuyo accionar debe controlar. Además se sostuvo que las estrategias procesales son diversas debido a que buscan la protección de bienes jurídicos distintos.
Por último se indicó que el sostenimiento de querellas autónomas entre sí no afecta la igualdad de armas, ni el principio de economía procesal, dado que se trata de una causa compleja en la que se investiga el accionar de uno de los principales grupos empresarios del país, por esto es esperable que la respuesta del Estado implique a su vez la participación de organismos especializados en relación con las diversas aristas que resultan afectadas en la materia.
Cabe destacar, además, que
la investigación que promueve la UIF no se limita a la defraudación en perjuicio de la entidad monetaria sino que busca impulsar la investigación también sobre maniobras vinculadas con la evasión tributaria, subfacturación, contrabando y el accionar de empresas off shore.
Ante esto, desde la Cámara Criminal y Correccional Federal indicaron que
“si bien tanto la UIF como el BNA pueden coincidir en sus pretensiones requirentes, no puede desconocerse que la actuación de cada uno se impulsa en intereses que le son propios y exclusivos”. En este sentido el escrito indicó que a fin de no vulnerar la eventual divergencia que pudiere existir entre los intereses y las estrategias de ambos organismos resulta adecuado que intervengan en la investigación de manera autónoma por lo que se revocó la resolución.