Según un informe de Jefatura de Gabinete, en julio de 2020 el 37% de los puestos más altos de la Administración Pública Nacional están ocupados por mujeres, mientras que al finalizar la gestión anterior, sólo representaban un 19%.
A partir de un informe promovido por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Santiago Cafiero, y realizado por la
Dirección Nacional de Diseño Organizacional de dicha cartera, se relevó que el 37% de los puestos más altos de la estructura organizativa del total de los cargos jerárquicos, están ocupados por mujeres, mientras que el Gobierno anterior terminó su gestión con el 19% de mujeres en estos altos mandos, que incluyen ministerios, secretarías y subsecretarias.
Encabezada por Elizabeth Gómez Alcorta, la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuenta actualmente con el mayor cupo femenino, ocupando la totalidad de los cargos jerárquicos con mujeres, incluyendo a una mujer trans, la primera en ocupar un alto cargo en la Administración Pública Nacional; seguida por la del ministerio de Seguridad, con el 58%, y luego se destacan los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Educación; tres carteras que alcanzan una representación paritaria exacta del 50%.
Según cuenta el informe, desde los inicios de su gestión, el presidente Alberto Fernández ha tomado la decisión de ahondar en las problemáticas de género a través de políticas públicas dirigidas a brindar asistencia a las víctimas de violencia y a trabajar para generar las condiciones de una sociedad más justa e igualitaria.
Cabe recordar el discurso de apertura del Congreso, el último 1° de marzo, en donde el presidente confirmó su decisión de promover la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a la vez que anunció un plan de asistencia para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad que se denomina “Plan de los 1000 días”. Con ambos proyectos, el gobierno busca garantizar la ampliación de derechos además de brindar la protección y apoyo en tres momentos determinantes: el embarazo, el nacimiento y los primeros años de crianza.
Otra de las políticas públicas que signó los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, fue la aplicación de La Ley Micaela, destinada a capacitar en temas de género y de violencia contra las mujeres a todos los trabajadores de los tres poderes estatales. A un mes de comenzar la gestión el gabinete nacional fue el primero en asistir a la jornada de capacitación que se realizó en el Centro Cultural Kirchner.
A su vez, Alberto Fernández presentó hace unas semanas junto a la ministra Gómez Alcorta, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, el cual dispone de un presupuesto de 18 mil millones de pesos, marcando una abultada diferencia con los 750 millones que le destinaba la gestión anterior. El Plan Nacional cuenta con 15 ejes de acción que incluyen la creación de centros territoriales integrales, la modernización de la línea 144, un programa de asistencia económica y acompañamiento a mujeres y personas LGTBI+ en situación de riesgo.
El Gobierno aseguró además que el presupuesto 2021 tendrá como uno de los grandes ejes la transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas que lleve adelante el gobierno el próximo año.