01.01.2021 / Especiales
El año del único poder del Estado que no va a elecciones: la comisión para la reforma judicial, la muerte de Bonadio, la vigencia del Lawfare y el rol de los Supremos
La definición de Cristina en su balance del 2020 fue clara: la Corte Suprema como jugador fundamental para los intereses de quienes quieren disciplinar a la política. La práctica recurrente de la oposición para judicializar cualquier decisión política y la injerencia de los tribunales afines a la Mesa Judicial que dejó el macrismo para garantizar la impunidad de sus exfuncionarios.
La judicialización de la política o la política como judicial. Sin lugar a dudas el año de Juntos por el Cambio como oposición contó con la herramienta reiterada de llevar a la Justicia toda decisión política que no le gustaba. Desde la fórmula de movilidad jubilatoria hasta el reordenamiento de los fondos de la Ciudad que Macri le había dado en perjuicio de la Provincia de Buenos Aires al ayuntamiento que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Es tal el punto de judicialización que Lilita Carrió denunció al Presidente y el ministro de Salud por haber comprado una vacuna que a ella no le gustaba para afrontar una de las catástrofes sanitarias más duras de la historia reciente.
Una de las noticias más relevantes del año judicial fue la muerte del juez Claudio Bonadio el día 4 de febrero de este 2020. Lejos parece haber quedado con la pandemia y todo lo que fue pasando pero este fue un hecho que dejó herido al verdadero poder real de Comodoro Py 2002 en el barrio porteño de Retiro. Con la muerte de Bonadio la suerte del fiscal Carlos Stornelli en la causa de espionaje ilegal que lleva Alejo Ramos Padilla en Dolores se complicó, como así también el papel de Martín Irurzun y su doctrina -esa cuyo autor intelectual presidió el tribunal supremo hasta poquito según él mismo se jactaba- desde la Sala II de la Cámara Federal.
Pero si por algo estuvo fortalecida la oposición política fue por el papel que durante cuatro años ejercieron Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, José Torello, Daniel “El Tano” Angelici, Pablo Cusellas, Germán Garavano y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti para diagramar una Mesa Judicial a favor de Mauricio Macri dentro de la Justicia. ¿El único fin? Disciplinar dirigentes políticos populares y encarcelar opositores. Si, en Argentina hubo y aún hay Lawfare mientras estas estructuras se mantengan vigentes. Así se ató a su silla el procurador Eduardo Casal quien fue puesto interinamente por el expresidente y aún oficia como jefe de los fiscales.
Otra de las discusiones más fuertes del ámbito judicial fue la revisión de los traslados realizados por el Gobierno de Macri en distintos puestos de la Justicia sin cumplir con los correctos requisitos para dicho proceso. Luego de distintas instancias, la Corte Suprema dictaminó que los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi son provisorios pero se quedarán en sus cargos hasta tanto sean designados nuevos magistrados por concurso y con acuerdo del Senado
El máximo tribunal llegó a esta resolución con los votos de una mayoría integrada por Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en tanto que Elena Highton de Nolasco lo hizo de modo concurrente y Carlos Rosenkrantz, en minoría y disidencia. Dispuso además que se deberá tramitar el acuerdo del Senado que dispone la Constitución, y exhortó al Congreso Nacional a que dicte una ley que reglamente el traspaso de los magistrados y puedan así salvarse conflictos de poderes y de interpretación de las normas constitucionales que atañen a los jueces, sus designaciones y funciones.
Por otro lado la Justicia sigue haciendo vista gorda a los delitos cometidos por funcionarios del Gobierno de Macri, salvo por el ya jubilado Rodolfo Canicoba Corral que antes del retiro procesó a Javier Iguacel, Guillermo Dietrich, el exprocurador del Tesoro Saravia Frías e involucró al mismísimo Mauricio Macri en la causa que investiga el curro de la concesión de la Autopista del Sol al grupo familiar que fundó el difunto Franco en la explotación de peajes. Otro que tuvo problemas con la Justicia fue un segunda línea del macrismo, se trata de Rodrigo Sbarra a quien le encontraron 10 mil dólares en un cajón y varias propiedades que dan cuenta de un proceso de enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública.
Pero los verdaderos modelos que desfilaron por tribunales a lo largo de estos doce meses que dejó este año nefasto fueron el Señor 5, Gustavo Arribas, y la Señora 8 o “la turca”; Silvia Majdalani. Los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia macrista desplegaron un operativo estratégico para espiar a dirigentes oficialistas, opositores, jueces, periodistas, familiares y dirigentes del fútbol. Ese aparato de inteligencia ilegal y de espionaje fue dirigido por un alfil de Angelici desde una dirección de la Calle 25 de mayo en donde armaban los supuestos fundamentos legales del espionaje que nada tenía que ver con un organismo de inteligencia de la democracia.
Por esta causa que empezó en manos del juez Villena y que ahora lleva adelante Juan Pablo Augé, además de un importante número de espías de la AFI, está involucrado el secretario privado directo de Mauricio Macri. Se trata de Santiago Nieto quien al momento del primer allanamiento en su domicilio se encerró en su auto a borrar mensajes de su celular que tenía con la mismísima Silvina Majdalani. Si vos creías que tuviste mala suerte en el 2020 es porque no te acordabas de Susana Martinengo, quien llevaba el área de Documentación de Casa Rosada y fue indicada como la encargada de recibir la información ilegal de inteligencia que llevaba adelante la AFI macrista. A la pobre Susana, que está con Mauricio hace años y hasta metió fotitos, le dijeron que no la conocían. Nadie se quiso hacer cargo, nadie la vio, nadie la recuerda, aunque haya trabajado al lado del presidente cuatro años en Casa Rosada.
En los últimos días el Consejo de la Magistratura aprobó el regreso del juez Eduardo Farah a la Sala II de la Cámara Federal quien había tenido que renunciar al cargo por la mesa judicial del macrismo. Esa Mesa Judicial que tuvo hasta miembros en el fútbol sudamericano y a otros personajes que actuaron para perseguir opositores como los titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, los titulares de la CNV y los de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico. Un manto de impunidad para los propios que a Laura Alonso como hizo con Aranguren al momento de decirle cómo romper la ley tampoco le importó.
Con 8 votos a favor y 2 abstenciones, los consejeros giraron al Poder Ejecutivo la propuesta de continuidad del trámite para que el Farah retome su lugar en la Cámara Federal, puesto para el que concursó en su momento. El dictamen de mayoría, presentado por el consejero académico Diego Molea, proponía hacer lugar al pedido de Farah, mientras que uno de minoría firmado por el diputado del PRO Pablo Tonelli sugería rechazar la moción del juez.
Respecto a la discusión de fondo, Molea explicó que no se trata de un nuevo traslado sino de “un reintegro al ámbito en el que él (Farah) había concursado en el concurso 173”, que siguió todos los requisitos constitucionales. Tonelli, en cambio, citó el punto 8 del fallo de la Corte en el reclamo de los jueces Bruglia y Bertuzzi que mencionó que los jueces con traslado no debían volver a sus tribunales de origen hasta tanto no se cubrieran esas vacantes de traslado.
Ante esta discusión, el representante de los jueces, Juan Manuel Culotta, planteó que “es inexorable que Farah tenga que volver en la medida que avance el concurso del tribunal de San Martín”, que hoy ocupa. Y sentenció: “Me parece razonable que si no concursa, vuelva a la Cámara”.
Entre otras novedades judiciales del cierre de año está la posibilidad de que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pase a ocupar el cargo de titular del del juzgado federal 1 de La Plata, una magistratura determinante para cualquier elección porque es la que entiende en cuestiones electorales en la provincia de Buenos Aires, el distrito con más votos de la Argentina.
En la audiencia de la Comisión del Senado también fueron analizados Sebastián Foglia y Ernesto Sebastián (que se postularon para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca), Mario Leal (juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán), Jorge Montoya (juez federal de Orán, en Salta), Pedro Pugliese (defensor público en Neuquén) y Verónica Vieito (defensora pública ante el Juzgado Federal de Mercedes).
La Corte también dejó a cuentas el posible regreso a prisión de Amado Boudou quien recibió el beneficio de la prisión domiciliaria al comienzo del ASPO. Este beneficio no es para el exvicepresidente sino para sus hijos, lo que es una cuestión humanitaria pese al planteo de los Supremos de dejar firme la condena por Ciccone. Ahora el juez Obligado debería definir dicha situación en la que las partes querellante ya recalcaron que se trata de una cuestión en beneficio de los hijos de Amado y que no hay argumento sólido para que vuelva a prisión.
El cierre es para Cristina, el balance que hizo el 10 de diciembre sobre el rol de la Corte Suprema y el textual que le da lugar a esta nota muestra la relación entre un Poder Judicial que busca condicionar a la política. También se lo advirtió a los funcionarios del Frente de Todos y a sus legisladores: el que tenga miedo o no se anime que se busquen otro laburo.
“Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadío, fue Presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo”, lanzó Cristina contra Lorenzetti. Antes había señalado a Horacio Rosati, mencionado el papel de Highton de Nolasco para perpetuarse en el cargo y le había repasado el CV en favor de las corporaciones que tenía Carlos Rosenkrantz, actual presidente del cuerpo, antes de que Macri lo asigne por decreto pasando por encima del Senado.
Para cerrar el repaso del año judicial 2020 y pensar que vendrá en el electoral 2021, este redactor le va a ceder los últimos caracteres a la vicepresidenta de todos los argentinos y las argentinas.
“De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones.
Sólo un Poder es perpetuo.
Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Si ese Poder…
Además de ser perpetuo…
Además de no ir jamás a elecciones…
Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo…
Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno…
Bueno… Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas”
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