07.07.2021 / Justicia y economía
Una medida judicial le puso un freno a la venta de Vicentin y los cambios en su paquete accionario
Un fallo de la Cámara Federal de Resistencia le prohíbe al grupo dueño de la cerealera concursada hacer cambios en la participación accionaria de sus empresas, a raíz de una causa que inició la UIF por endeudamiento excesivo con el Banco Nación y presunto desvío de dinero hacia otras compañías del grupo y cuentas en el exterior.
La posible venta de la cerealera Vicentin podría quedar en stand-by por una medida judicial. La Cámara Federal de Resistencia (Chaco) confirmó una cautelar del Juzgado Federal de Reconquista (Santa Fe) que le prohíbe al grupo dueño de la agroexportadora concursada hacer cambios en la participación accionaria de sus empresas.
La causa, en la que el organismo es querellante, investiga las supuestas maniobras de Vicentin por endeudamiento excesivo con el Banco Nación y el presunto desvío de dinero hacia otras compañías del grupo y cuentas en el exterior. De quedar firme, el fallo anularía la potencial entrada de socios que aporten capital a la cerealera, que defaulteó en diciembre de 2019 y entró en concurso en febrero de 2020.
La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro -la empresa de agronegocios del grupo Perez Companc- y Viterra -ex Oleaginosa Moreno; pertenece al gigante suizo Glencore- expusieron, conjuntamente, su interés de manera no vinculante para participar en el análisis de una potencial transacción para quedarse con una parte de Vicentin.
"La Justicia no se expidió sobre el fondo de la cuestión, sino sobre una apelación, es decir, una presentación que hizo Vicentin. No hay un dictamen último", señaló la defensa adelantando que Vicentin apelará el fallo.
Según comentaron a El Cronista, desde el sector financiero sostienen que el proceso de auditoría y la búsqueda de inversores continúa su curso. En caso contrario, la posible operación con los tres interesados podría suspenderse y seguir el mismo rumbo que la venta de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), el fabricante de los yogures Yogs y los postrecitos Shimy de SanCor. Esta operación también está paralizada por un fallo judicial.
La UIF inició la causa en junio de 2020. El organismo que conduce Carlos Cruz se presentó en los tribunales de Comodoro Py, a partir de una denuncia realizada a comienzos de ese año por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático.
Ante los pedidos del organismo para que se abriera un expediente, el fiscal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11 del Poder Judicial de la Nación, determinó que si bien las acusaciones de defraudación y lavado de activos se encontraban comprendidas en el objeto procesal, no sucedía lo mismo con la venta de Renova (planta de biocombustibles que Vicentin tenía con Glencore) y la denuncia por el contrabando de granos, ya que son competencia territorial de Reconquista. Por ello, el juez federal Julián Ercolini se declaró incompetente y remitió los hechos al Juzgado Federal de Reconquista.
En septiembre de 2020, la UIF pidió ser querellante y solicitó "la inhibición general de bienes de las 21 sociedades que componen la estructura del grupo Vicentin" y que no se le permita "innovar sobre la totalidad de su paquete accionario". Estas operaciones quedaron bajo la lupa luego de la venta del friogrífico Friar, controlado por el grupo Vicentin y en el que la propia cerealera tenía un ínfimo 0,4%, al fondo BAF Capital.
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