
Muy malas noticias para las intenciones de Mauricio Macri, que vienen siendo explícitas y sólo basta para reconocerlo leer los expedientes, de frenar a toda costa dos causas judiciales que lo preocupan y mucho: la investigación sobre la deuda que Correo Argentino S.A. mantiene desde hace 20 años con el Estado y que podrían extenderse a SOCMA, la firma insignia de la familia, y la pesquisa acerca de las presuntas presiones de su gobierno contra el Grupo Indalo a través de la a esta altura famosa "Mesa Judicial M".
LOS APRIETES DE LA MESA JUDICIAL A LOS MEDIOS
En el caso de la investigación sobre los supuestos aprietes de la administración macrista contra el Grupo Indalo, que buscaba acallar las críticas que emanaba principamente el canal C5N sobre Cambiemos, la instancia revisora porteña rechazó hoy apartar al juez Roberto Boico del trámite de la investigación y ordenó además reactivar la investigación.
Llamativamente el fallo lleva la firma del camarista Martín Irurzun, titular de la Cámara Federal porteña y autor de la famosa "doctrina" que lleva su nombre y que se creó durante el macrismo para meter presos a dirigentes políticos del peronismo, como Amado Boudou.
En este caso, Irurzun rechazó la recusación presentada por la defensa de Macri contra el juez Boico. El ex presidente quería sacarse de encima al magistrado porque éste, antes de asumir, ejerció la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa del memorándum de entendimiento con Irán.
Además de resolver "no hacer lugar" al planteo de Macri, el camarista sostuvo que "corresponderá en consecuencia reactivar el curso de las diferentes incidencias cuyo trámite regular quedó suspendido a raíz de la articulación de los planteos que las diferentes partes (acusadora y defensas) han realizado, con la repercusión que ello significa en la demora de la solución de las cuestiones pendientes".
La investigación se abrió en 2019 por denuncia del empresario Fabián De Sousa, uno de los dueños del Grupo Indalo y de medios como C5N y Radio 10, quien relató ante la Justicia cómo comenzaron las presiones y el ahogo financiero a sus empresas cuando le respondió al Gobierno del entonces presidente Macri que no pondría los medios al servicio de la persecución de la expresidenta Fernández de Kirchner.
A su vez, en una instancia superior como la Cámara Federal de Casación Penal, se rechazó apartar a Irurzun del mismo expediente, mientras éste le decía que no a Macri y sus intenciones de sacarse de encima a Boico.
Irurzun había sido recusado por los representantes del querellante De Sousa, debido a que, según argumentaron, se afectaba la garantía del juez imparcial en base a que entre las pruebas del caso surgió el registro de una llamada telefónica entre la vocalía del camarista y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los principales operadores del macrismo que intenta ser refugiado en Uruguay.
Los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, quienes representan a De Sousa, pidieron el apartamiento de Irurzun invocando una supuesta relación entre el camarista y Simón, acusado en el caso. La querella vinculó ese contacto con una nota periodística publicada en el portal “El cohete a la luna”- que daba cuenta de un encuentro entre ellos en un bar. Además se recordó que el propio Irurzun fue víctima de espionaje ilegal del macrismo.
LA DEUDA ETERNA DEL CORREO
En el caso del expediente que más preocupa a Mauricio Macri, la Cámara Federal porteña rechazó hoy las recusaciones presentadas por directivos del Correo Argentino S.A., que es controlada por SOCMA, la firma familiar del ex presidente, contra los camaristas Boico y Eduardo Farah.
Es en el marco de la causa en las que se investigan supuestas irregularidades en el concurso de acreedores de esa empresa que esta semana fue declarada en quiebra por la jueza comercial Marta Cirulli. En el caso del expediente penal, Ariel Lijo tenía dormida la investigación que podría derivar consecuencias penales sobre el líder PRO y sus ex funcionarios.
El presidente de la empresa postal de la familia Macri, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado Jaime Klaidermacher, habían recusado a los camaristas federales invocando un supuesto temor de parcialidad vinculado a declaraciones de los magistrados y a su participación en distintos expedientes que involucran al ex presidente.
Pero tal como ocurrió con los aprietes del macrismo a Indalo, el juez que resolvió los planteos fue el camarista Irurzun, quien ratificó a Boico y a Farah y sostuvo que los recusantes aluden a una suerte de afectación indirecta a raíz de las circunstancias que pusieron de manifiesto, porque invocaban en favor de su pretensión la situación de Macri y no una propia, como generadoras de temor de parcialidad.
La causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el concurso del Correo Argentino tramita en el juzgado federal 4, encabezado por el juez Lijo, quien ya indagó hace aproximadamente dos años a ambos directivos del Correo de los Macri y también al exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y su director de legales Juan Manuel Mocoroa.
La investigación busca determinar si desde el gobierno de Cambiemos se buscó beneficiar a una empresa perteneciente a la familia del entonces presidente que arrastraba una deuda con el Estado de 296 millones de pesos-dólares desde el 2001 y había realizado (en 2016) una propuesta para pagar parte de la misma en 15 años.