04.08.2021 / Sigue prófugo
Rodríguez Simón, el jefe de la Mesa Judicial, era el encargado de velar los negocios de los Macri
Un poder firmado en el 2016 lo designaba como tutor de los negocios y la vida financiera de Macri durante su presidencia. Se presentaba ante distintos tribunales para evitar investigaciones, como las offshore de los Panamá Papers. Ahora la IGJ lo denunció "cosa juzgada írrita" en movidas que ponían velo a la familia del ex presidente.
Fabián Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia argentina en el Uruguay, empieza a tomar dimensión pública no sólo por ser el jefe de mesa de operaciones para perseguir opositores sino que también se destapa su principal objetivo: cuidar el patrimonio y los negocios de Mauricio Macri mientras era presidente.
Ahora se conoció que "Pepín" tenía en su haber un "poder general judicial y para gestiones administrativas" --hasta ahora desconocido y al que accedió Página/12-- que firmó el expresidente para que Rodríguez Simón le manejara una gran cantidad de asuntos personales en los que podía tener problemas con la ley.
El documento fechado del 12 de abril de 2016, apenas unos días después de las primeras filtraciones de los Panamá Papers, que dejaron a la vista la vinculación de la familia Macri con dos sociedades off shore, Fleg Trading LTD, con sede en Bahamas, y Kagemusha S.A, con sede en Panamá. A partir de ahí, Rodríguez Simón comenzó a hacer gala de su potestad delegada para trazar una estrategia que lograra blindar al exmandatario: impulsó una causa civil contra su padre, Franco Macri, donde conseguiría que un juez afirme en 2017 que el entonces presidente desconocía que figuraba en las sociedades radicadas en paraísos fiscales y que lo habían puesto sin su consentimiento. Ahora ese expediente está en revisión por una denuncia que hizo el año pasado la Inspección General de Justicia (IGJ) por "cosa juzgada írrita", lo que implica que se habría llegado a una sentencia en forma fraudulenta.
La vida y fortuna de Macri quedaban, así, en manos de Rodríguez Simón, el todavía parlamentario del Mercosur que enfrenta un proceso de expulsión del cuerpo. Pepín compartía estudio con Felipe Rodolfo Llerena. Muchísima información en manos de ambos, además de posibilidades de hacer acrobacias judiciales, como parece haber ocurrido con las derivaciones de los Panamá Papers, según se desprende de la denuncia por "cosa juzgada írrita".
La primera presentación judicial que hizo Pepín por Macri fue lo que en derecho se conoce como "diligencias preliminares", que estaban destinadas a que las dos sociedades off shore vinculadas con él en los Panamá Papers enviaran informes sobre su composición y que su padre, Franco, aportara prueba documental. Luego inició una "acción declarativa" que buscaba que quedara establecido en una sentencia que su padre lo había puesto en Fleg Trading y Kagemusha sin su consentimiento y que él no se había enterado jamás.
El juez Andrés Fraga hizo todo a favor del entonces presidente. Su sentencia, dictada el 20 de septiembre de 2017 fue enviada, aún antes de ser notificada, al juzgado penal donde tramitaba una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. Era un juzgado que subrogaba Elizabeth Paisan, quien estaba en pleno concurso para ser jueza. El 27 de octubre, apenas cinco semanas después, sobreseyó a Macri y también a su amigo Nicolás Caputo, empresario y excónsul en Singapur.
La sentencia del juez Fraga declaraba que "Mauricio Macri no fue socio, ni accionista de la sociedad Fleg Trading Ltd; no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia; aceptó el cargo de director de Fleg Trading Ltd para el que fue designado por Francisco Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar". En el caso de Kagemusha S.A. decía que "no aceptó el cargo de director para el que fue designado por Francisco Macri, ni realizó ningún acto que permitiera suponer que aceptó tácitamente tal designación; no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Kagemusha S.A., ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad; y, que no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución".
Para Macri y su apoderado Pepín, además, el objetivo era contrarrestar la causa por los Panamá Papers que tramitaba en Comodoro Py, con una denuncia del entonces diputado Darío Martínez, que señalaba sospechas de lavado y evasión, dos operaciones clásicas que las off shore suelen ocultar, además de camuflar a los verdaderos dueños. La Cámara Federal dijo que lavado no había y mandó las actuaciones al fuero penal económico, donde queda una línea de investigación casi residual sobre Gianfranco Macri, por la omisión de declarar una cuenta en Suiza desde donde se habían movido más de 5 millones de dólares.
La Inspección General de Justicia denunció "cosa juzgada írrita" en función de dos cuestiones claves: constancias de la participación de Mauricio Macri en las sociedades en cuestión y evidencias que darían cuenta de que la causa civil estaba pactada entre los Macri. Franco Macri, además, tenía 86 años y no estaba bien de salud. Ni siquiera apeló la sentencia que supuestamente era en su contra.
Cuando la IGJ hizo la primera denuncia por "cosa juzgada fraudulenta" señaló el papel clave de Rodríguez Simón, entre otras cosas. Algunas de las irregularidades señaladas eran: que el fueron civil no era competente, que Fleg Trading y Kagemusha permanecieron ajenas al proceso; Macri eligió como “un único demandado" a su padre "para que, ‘convenientemente’, adopte una actitud procesal absolutamente condescendiente” con su hijo-demandante; consiguió una sentencia "express" en lo que debió haber sido un juicio ordinario y estuvo basada en pruebas unilaterales, de las mismas personas que diseñan y venden el servicio de armado de las off shore en paraísos fiscales. Además, el organismo señaló documentos muy precisos donde aparecían Franco, Mauricio y Mariano Macri como directores de Fleg Trading Ltd en 1998 y la constancia de la designación de Franco, Mauricio y Gianfranco como presidente, vice y secretario respectivamente de Kagemusha.
El objetivo del juicio por cosa juzgada írrita es derribar la sentencia del juez Fraga. Al comienzo, la causa le tocó al propio Fraga, que terminó apartándose. Después le tocó a Eduardo Alejandro Maggiora, que había sido socio de Jaime Cibils Robirosa, el director del Correo Argentino que tramita el concurso de acreedores y está imputado penalmente. Fue recusado y apartado. Ahora todo está a cargo del juez Federico Javier Causse, que tiene el expediente de la sucesión de Franco.
Una camarista civil, Marcela Pérez Pardo, presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura para que evaluara si no existían irregularidades en la decisión de Fraga, porque le había llamado la atención. Se lo rechazaron en tiempos en que el organismo era manejado por el macrismo. A la jueza después le intentaron promover juicio político, igual que a sus compañeros de sala, con la excusa de que habían respaldado al Instituto Patria en un reclamo de datos de la IGJ de entonces.
Prófugo en el Uruguay a la espera de una decisión gubrnamental, Pepín lleva consigo mucha información, en especial sobre los negocios y el patrimonio de Mauricio Macri. Los negocios de la famiglia también fueron potestad de la Mesa Judicial, un esquema de poder que pensó ser perdurable en el tiempo pero que no contó con el freno del voto popular que terminó sacándolos en primera vuelta.
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