Empiezan a moverse algunos recursos y resortes en la causa penal alrededor del intento de
Mauricio Macri de condonarse su propia deuda con el Estado desde la empresa
Correo Argentino SA:
por un lado, los directivos de la firma que responde al ex presidente recibieron una negativa de Casación en su intento de sacarse de encima a un camarista; por otro, Mariano Macri, hermano distanciado del ex mandatario, ingresó como querellante en la causa.
SIGUE EL CAMARISTA QUE INCOMODA A MAURICIO
La
Cámara de Casación determinó como "inadmisible" al pedido del presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y de su representante legal, Jaime Kleidermacher, para que la Corte Suprema apartara al juez camarista Roberto Boico del expediente en que tanto ambos como Macri, entre otros, están imputados por presunta defraudación contra la administración pública.
Cibils Robirosa y Kleidermacher recusaron a Boico por "temor de parcialidad", pero ese planteo fue rechazado en todas las instancias y sólo quedaba por transitar la etapa de la Corte Suprema.
Quien tomó la decisión fue el juez de la Casación Javier Carbajo, quien argumentó que el pedido de los empresarios de la firma recientemente declarada en quiebra, controlada por el emporio Macri SOCMA, "no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos".
"No ha sido demostrada en el caso la alegada vulneración al derecho de defensa en juicio ni a la garantía constitucional de imparcialidad del juzgador, a los efectos de ser considerados como una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia extraordinaria del máximo Tribunal", explicó Carbajo.
La recusación fue presentada en el marco de la causa que se investiga el frustrado acuerdo entre la empresa Correo Argentino S.A. y el gobierno de Juntos por el Cambio, que encabezaba Macri mientras su familia es dueña de la controlante de la ex concesionaria del correo oficial, para una quita de más del 90 por ciento en la deuda con el Estado.
Quien investiga, con bastante parsimonia, es el juez
Ariel Lijo, quien aún no resolvió la situación procesal de ambos directivos de Correo Argentino S.A. ni la de Macri y los otros imputados, que son el ex ministro de Comunicaciones
Oscar Aguad y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera,
Juan Manuel Mocoroa. Todos están en esa condición hace más de tres años.
Los directivos de Correo Argentino S.A. también habían recusado, también sin éxito, al camarista federal
Eduardo Farah, quien denunció presiones tras haber firmado las excarcelaciones de
Cristóbal López y Fabián De Sousa en marzo de 2018.
A Boico, en tanto, lo cuestionaron porque antes de ser designado como camarista fue abogado de ex funcionarios kirchneristas, entre ellos
Cristina Fernández de Kirchner.
MACRI VS. MACRI
Como había anticipado
Política Argentina, Mariano Macri, el hermano menor del ex presidente Mauricio Macri, ingresó finalmente como querellante en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el frustrado acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino S.A. para condonar parte de la deuda y salir de la convocatoria de acreedores.
"Vengo a solicitar que me confiera el rol de querellante en los presentes actuados reconociéndome todas las facultades correspondientes a dicho rol", afirmó a través del patrocinio del abogado Maximiliano Rusconi.
Mariano Macri se presentó como "uno de los accionistas mayoritarios de SOCMA Americana S.A., firma controlante de SIDECO Americana S.A. firma que para el momento de los hechos que se investigan resultaba titular del paquete accionario de Correo Argentino S.A.".
Asimismo advirtió que "los hechos investigados se relacionan con la posible administración infiel y vaciamiento de aquella firma y de que, en principio, esa administración -por parte de algunos de los accionistas y Directores- habría originado un perjuicio a la administración pública", tal como argumentó desde fines de 2016 la fiscal Gabriela Boquín, perseguida incansablemente por Macri y sus allegados.
"No puede descartarse que esas mismas conductas fraudulentas hubieran importado un perjuicio para el suscripto y para los restantes accionistas de SOCMA Americana S.A.", explicó la defensa de Mariano Macri, para precisar el objeto de su participación como querellante en el expediente penal.
Por eso, le pidió al juez Ariel Lijo "analizar y/o profundizar el estudio acerca del perjuicio económico ocasionado" a sí mismo "en virtud de las maniobras defraudatorias que se imputan en el marco de estos actuados".
Además, ofreció
"aportar mayores elemento de convicción a la presente investigación a efectos de dilucidar los hechos que habrían sido desplegados".
"Soy accionista —pero se me ha mantenido fraudulentamente al margen de la administración—, todo ello, con finalidad de defraudar al patrimonio público, como así también el mío propio", sostuvo, y señaló que "la pretensión" que formula "tiene por fin que se asegure la tutela judicial efectiva de mis derechos como otro posible sujeto defraudado en razón de las maniobras que se investigan en autos sin poder descartar, incluso, que los imputados en autos hayan realizado otras maniobras (en el marco de su defraudación) tendientes a licuar o pretender deslindar su responsabilidad jurídico penal", puntualizó en el escrito. Todo ello –añadió- "utilizando como instrumento a otras personas que, como es mi caso, resultamos accionistas de SOCMA Americana S.A.".
