Se cumple un año de la sanción de la Ley de aborto legal y una buena noticia surge en la provincia de Buenos Aires vinculada a ese derecho:
la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz, destacó que en territorio bonaerense hubo 17.500 interrupciones de embarazo de este año y no murió ninguna mujer.
La funcionaria, en ese sentido, remarcó que
"sin voluntad política el aborto legal no hubiera sido posible" y sostuvo que "se está cumpliendo la interrupción voluntaria de embarazo como un derecho a la salud en toda la provincia de Buenos Aires".
"Llegamos a 500 efectores que atienden el aborto legal en todo el territorio bonaerense donde había 51", remarcó en materia de datos, e informó que "en general no hubo complicaciones en los 17.500 interrupciones voluntarias de embarazo en la provincia".
Díaz enfatizó que "es la tranquilidad de que no se haga en la clandestinidad" y sostuvo que "el aborto en el primer trimestre es una práctica sencilla". En territorio bonaerense ya hubo las 17.500 interrupciones de embarazo de este año y no murió ninguna mujer.
"El cambio de ley generó muchos menos obstáculos que los que se esperaban. Les da tranquilidad a los profesionales de la salud, de los cuales algunos no querían hacer la práctica pero no porque eran objetores de conciencia, sino porque tenían temor a una sanción, lo que ahora ya no ocurre", destacó en diálogo con El Destape.
El gobierno bonaerense informó que la red de acceso al aborto creció un 150% y que ya son 494 los establecimientos de salud que practican abortos en la Provincia. En 2019 los hospitales y centros de salud que realizaban interrupciones legales del embarazo eran 196 en 51 municipios bonaerenses, lo que equivale al 38% de los distritos. Ahora, suman 494 establecimientos en 130 municipios, 150% más que en 2019. La iniciativa tiene como objetivo "reducir inequidades territoriales" al ampliar el acceso a abortos voluntarios y legales, explicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense.
Asimismo, puntualizaron que desde el 2020 el Ministerio realiza compras centralizadas de misoprostol y que el convenio es con un laboratorio de producción pública de LIF de Santa Fe. Un total de 62 mil tratamientos fueron adquiridos por la Provincia, que representan una inversión de 155 millones de pesos y un ahorro estimado de 244 millones de pesos.
De acuerdo a datos del sistema público de salud,
durante el 2021 se realizaron 32.758 Interrupciones voluntarias bajo las normativas que dicta la ley en relación a las condiciones seguras y gratuitas a nivel nacional. En su reglamentación, la ley también exige que las prepagas y obras sociales cubran la prestación del servicio.
AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE MÁS INFORMACIÓN PÚBLICA
Desde la sede del organismo internacional en la Argentina señalan que uno de los problemas que se presentan en la aplicación de la ley es la ausencia de campañas públicas de información sobre el aborto legal. "A ello se suma el colapso del 0800 de Salud Sexual, la línea de consulta sobre dónde y cómo acceder a la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo", dicen.
En tanto, la organización lanzó por su parte la web Derecho al Aborto para "difundir derechos y datos sobre cómo ejercerlos", donde se ofrece información sobre la ley, qué cuidados se deben tener sobre la ley, cómo acceder a un aborto y qué hacer si se presentan obstáculos para llevarlo a cabo.
Amnistía también pone en datos duros las demandas que cuestionaron la aplicación de la norma en diferentes provincias del país y fueron rechazadas por el Poder Judicial. El informe registra 37 demandas de las cuales 32 la cuestionan directamente. De ese total, sólo cinco siguen en trámite y las demás han sido rechazadas.
"De todos modos, es importante destacar que no se ejerce un derecho que se desconoce y el Estado ahora debe dar un paso más e informar con campañas masivas a la población dónde y cómo acceder al derecho a una interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) además de seguir trabajando para remover las barreras en el acceso”, dijo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
