El procurador interino
Eduardo Casal dictaminó ante la Corte Suprema de Justicia que
la maniobra que la familia Macri usó para suspender la quiebra de Correo Argentino fue irregular. Un revés sorpresivo del fiscal Casal que siempre estuvo con Juntos por el Cambio y que ahora deja la próxima jugada en manos de la Corte.
Casal sostuvo todos los argumentos de la fiscal
Gabriela Boquin que había reclamado al máximo tribunal que anule el fallo que suspendió la causa Correo porque la ley no permite interrumpir una quiebra y denunció que bloquearon su intervención al ocultarle el trámite. “El fallo es nulo pues se omitió otorgar, previo a decidir, vista al Ministerio Público Fiscal del pedido de suspensión formulado”, había señalado Boquin en mayo de este año.
Esta vez Casal sostuvo:
“Me remito a los fundamentos desarrollados por la magistrada apelante, los que doy por reproducidos en beneficio de la brevedad”
, y convalidó el escrito en el que la fiscal señala que no la dejaron intervenir en el pedido de suspensión presentado por los Macri, algo que viola la Constitución y la Ley del Ministerio Público Fiscal, y que concedieron el deseo de los Macri por fuera de lo que prevé la ley. Además, apunta que incluso el fallo con las firmas de las camaristas Matilde Ballerini y María Elza Uzal no tuvo una mayoría real ya que no coinciden en sus votos.
“Al omitir dar vista al Ministerio Público Fiscal, con carácter previo a dictar la resolución que ordenó la suspensión del proceso falencial,
afectó sus competencias fijadas en la Constitución Nacional y en la legislación aplicable citada por la fiscal general en su recurso”, consideró Casal.
DE QUÉ SE TRATA LA SUSPENSIÓN QUE LOGRARON LOS MACRI
El 4 de mayo de 2022 los Macri consiguieron suspender cualquier decisión sobre la quiebra de Correo Argentino hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre una maniobra que ellos mismos realizaron, es decir, habilitar o no a la Justicia porteña en el expediente que desplazaría a la fiscala Boquin (que frenó la condonación de la deuda) y a la jueza Marta Cirulli (que decretó la quiebra).
La decisión de suspender el proceso de quiebra la tomó por mayoría la Sala B de la Cámara Comercial, donde la histórica aliada de los Macri Ballerini y la sorteada para desempatar Uzal votaron a favor de los Macri; la nueva integrante por concurso,
Guadalupe Vazquez, suspender todo hasta que la Corte resuelva contradice la ley de Concursos y Quiebras.
La jugada macrista claramente busca ganar tiempo: puede demorar la quiebra y, si la Corte falla a su favor, que el caso vuelva a empezar en la Justicia porteña tras 21 años de vueltas y nula resolución.
Los Macri necesitan que el caso pase al Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) porque el Tribunal responde a Mauricio. Lo preside Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el gobierno de Cambiemos y el tercer voto asegurado lo es el de Marcela De Langhe. Junto a Luis Lozano, Alicia Ruiz y al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, todos responden al expresidente.
Ya en junio del 2021 el procurador Casal había dictaminado que el TSJ no puede meterse en una causa que tramita en la Justicia Nacional. Desde entonces la Corte tiene encajonado el expediente y junto al pedido de la fiscal. Ambos giran entorno a la pausa, ya parece infinita, que los Macri lograron darle a esta causa que empezó el 19 de septiembre de 2001. A más de 21 años queda esperar el movimiento de la Corte Suprema.