La Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluará este lunes en Ginebra la denuncia de "lawfare" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentada por el Gobierno Nacional en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina.
El informe sobre el Examen Periódico Universal (EPU) argentino fue redactado por la Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo técnico de la Cancillería, tiene treinta fojas y, luego de que trascendió cómo sería, generó movimiento en la oposición que aprovechó la oportunidad para salir en defensa de los tribunales, particularmente de la Corte Suprema –justo en la semana que comenzará a correr el proceso de juicio político–, y denunció que era una maniobra para procurar impunidad de los dirigentes kirchneristas que deben sentarse en el banquillo.
Este lunes a las 14.30 en Ginebra –o las 10 de la mañana en Buenos Aires–, el secretario de Derechos Humanos de la Nación,
Horacio Pietragalla Corti,
deberá pararse frente al Consejo de Derechos Humanos para rendir examen sobre la situación del país, algo que los Estados deben hacer cada cuatro o cinco años.
En medio del pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal
el secretario tiene planeado dar dos nombres para ejemplificar la persecución política por vía judicial: el de Cristina Kirchner y el de la dirigente social Milagro Sala, que esta semana cumplió siete años de detención y
le reclama al Presidente que firme el indulto que le devuelva la libertad.
Además, se espera que señale que el país enfrenta desafíos de la mano del lawfare o la guerra jurídica y de los discursos de odio que pueden llevar a herir de muerte los consensos que Argentina se dio tras el retorno democrático.
QUÉ DICE EL INFORME QUE PRESENTARÁN ANTE LA ONU
En el informe se destaca que el gobierno de Alberto Fernández "desde sus primeras manifestaciones públicas, reivindicó la defensa de los derechos humanos como “columna vertebral” de las políticas que se adoptarían en nuestro país" y, al definir los desafíos pendientes, llamaron la atención por la existencia de "los denominados discursos de odio, y sus implicancias para la convivencia democrática".
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Los discursos de odio han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner", sostiene la presentación.
Asimismo, el Gobierno marca que "estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales".
Y señala que otro de los desafíos pendientes es el fenómeno del “lawfare o guerra jurídica”.
"Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública", plantean.
Sobre este punto, se destacó que en las causas judiciales, como las que enfrenta Cristina Kirchner, "
bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal".
"Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población", aseguran en el informe.
Cabe recordar que a finales del gobierno de Macri, el relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, ya había alertado sobre las prácticas sistemáticas contra quienes no comulgaban con el gobierno de Cambiemos.
La exposición de los funcionarios argentinos se extenderá durante tres horas y media, tras el discurso, habrá más de 100 preguntas por parte de los Estados miembros y los funcionarios de Naciones Unidas.
La delegación estará encabezada por Pietragalla y dos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional,
Andrea Pochak, y el jefe de gabinete,
Nicolás Rapeti. También estarán
Federico Villegas Beltrán, presidente saliente del Consejo de Derechos Humanos y representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, y
Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos de la Cancillería.
Las sesiones en el Consejo se extenderán hasta el 3 de febrero. Para entonces se conocerán las recomendaciones preliminares que harán desde ese órgano de Naciones Unidas al país, por lo que habrá que esperar.
