07.02.2023 / Derechos Humanos

Empieza el juicio al represor que creó un jardín de infantes y fue director casi 40 años

Desde este martes Luis Castillo comenzará a ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los Pozos de Banfield y de Quilmes. El represor había logrado esconderse bajo la fachada de ser director del Colegio San Diego desde 1979.





El juicio a los 12 genocidas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las Brigadas del Circuito Camps comienza este martes y entre los acusados se encuentra Luis Castillo el represor que abrió en marzo de 1979, junto a su esposa María Marta Sosa, un jardín de infantes en sótano de su casa de Wilde, Avellaneda, donde antes había funcionado El Infierno.

Con los años, el jardín creció hasta convertirse en el Colegio San Diego, conocido entre los vecinos por “impartir rigor y disciplina”, le sirvió a quien había estado asignado en la  Brigada de Banfield y participado de las crueldades del Pozo de Banfield, como una fachada para ocultar sus años de servicio. 

Castillo fue detenido con prisión preventiva en marzo de 2022, luego de que el juez federal de instrucción número 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, le tomara declaración indagatoria y considerara que había prueba suficiente como para procesarlo como partícipe necesario de los secuestros y las torturas que sufrieron 39 personas que permanecieron cautivas en El Infierno, mientras Castillo se mantuvo en funciones en ese lugar. También por abuso sexual contra otras tres personas.

“El nombrado intervino en los sucesos atribuidos no solo por el mero conocimiento de ellos sino por su contribución a producirlos”, sostuvo Kreplak que además de los datos de sus legajos se basó en los testimonios de sobrevivientes que lo nombraron, lo describieron físicamente y lo identificaron por foto.

Uno de los sobrevivientes de El Infierno, Héctor Callejas, lo involucró y  lo identificó como “el supuesto jefe que estaba a cargo” de los prisioneros en Lanús.

También lo reconoció el sobreviviente Carlos Iaccarino, secuestrado junto a sus dos hermanos y luego liberados tras haberlos obligado a entregar campos, empresas y hasta un avión. Iccarino señaló que Castillo lo amenazó con un arma en la celda de El Infierno, uno de los tantos centros clandestinos por los que los pasearon.

“Ya no quedan dudas de que Castillo fue uno de los represores que actuó en Banfield y Lanús, porque además de actuar como represor, también estuvo involucrado en los delitos económicos de la dictadura”, explicó Claudio Yacoy, abogado querellante en el debate oral –representa a Albariño Blanco– y secretario de Derechos Humanos de Avellaneda. 

El represor intentó negarlo y aseguró que él no era el Castillo que la Justicia buscaba y logró obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, a pesar de que las autoridades educativas provinciales y municipales de Avellaneda insistieron en que eso no sucediera.

Meses antes de ser detenido Castilo dejo en manos de sus hijos el colegio que fundó y dirigió con “pie de plomo” durante las cuatro décadas siguientes a su rol policial.

En aquel momento el represor demandó al entonces intendente interino Alejo Chornobroff, a Yacoy y a la directora del Consejo Escolar local. “Nos acusó de mancillar su buen nombre y honor. La denuncia la inscribió en Comodoro Py. Está por resolverse nuestro pedidos de nulidad”, informó Yacoy.

Finalmente, este martes Castillo comenzará a ser juzgado en el debate por los crímenes de los Pozos de Banfield y de Quilmes, y El Infierno que ya lleva más de dos años de audiencias. Su incorporación al juicio fue posible en diciembre pasado, luego de que el Tribunal Oral Federal número 1° de La Plata admitiera la incorporación de los dos tramos de la causa que a Kreplak elevó a juicio.

El represor, de 81 años, compartirá banquillo de acusados junto a otros 11 genocidas. Al comienzo del juicio eran 18, pero varios fueron muriendo, como el múltiple condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, o quedaron fuera con ayuda del paso del tiempo y la vejez.