29.12.2025 / JUDICIALES
Mala para Bullrich: la Justicia anuló el protocolo antipiquetes y puso un freno al esquema represivo
Un fallo del fuero contencioso administrativo declaró la nulidad del protocolo que habilitó la represión inmediata de protestas sociales. La decisión judicial reivindicó el derecho a la protesta y dejó en manos de los jueces, y no del Poder Ejecutivo, la autorización para el uso de la fuerza.
En su fallo, el magistrado sostuvo que la administración pública no tiene facultades para dictar disposiciones que lesionen libertades fundamentales como el derecho a la protesta, la libertad de expresión y el derecho de reunión. En ese sentido, remarcó que una manifestación social no puede equipararse a un delito penal que justifique una intervención represiva automática de las fuerzas de seguridad.
Cormick también cuestionó que el protocolo habilitara tareas de inteligencia sobre los manifestantes mediante registros fílmicos y fotográficos. Según señaló, esas prácticas violaron la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe al Estado recolectar y almacenar información sobre ciudadanos por razones ideológicas, políticas o de pertenencia organizativa.
Otro de los puntos centrales del fallo fue la ausencia de criterios diferenciales para la intervención policial frente a grupos vulnerables. El juez advirtió que el protocolo no contempló la situación de niños, adultos mayores o personas con discapacidad, pese a que requieren una protección especial en el marco de manifestaciones públicas.
Finalmente, la sentencia exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse de aplicar el protocolo y a adecuar su accionar a lo establecido en el Código Procesal Penal. Si bien el Gobierno quedó habilitado a apelar la decisión, el fallo representó un revés judicial para una de las herramientas más cuestionadas del enfoque de mano dura aplicado en materia de protesta social.
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