La
Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez notificó a más de doscientos magistrados/as que el Gobierno de la Ciudad pidió al Registro Nacional de la Personas sus datos personales “presumiblemente sin justificativo válido”.
Las actuaciones que levantaron la sospecha de los investigadores de la PIA tuvieron lugar en el marco del convenio firmado entre el Renaper y la cartera de Justicia de CABA para la obtención de datos biométricos de personas prófugas. Bajo ese paraguas es que se habría buscado información sensible sobre jueces/as y fiscales.
Pero lo que advirtieron algunos de los afectados -ahora notificados del detalle- es que sus movimientos fueron consultados en fechas clave. Por ejemplo, el mismo día en que se cruzaban las solicitudes de información tenía lugar la firma de alguna resolución a favor de Cristina de Kirchner. “Estaban pescando. Saben donde vivo, si me mudo, con quién vivo, etc.”, advirtió una de las víctimas al portal Ámbito. Esta práctica se repitió incluso también con concursantes para vacantes estratégicas.
Tras la comunicación de la PIA, varios de los afectados encontraron coincidencias entre los pedidos de información sobre ellos y hechos trascendentes en el marco de actuaciones en expedientes sensibles. Uno de ellos, es el juez de la Cámara de Casación de Py, Alejandro Slokar.
Según le notificó la PIA, pidieron sus datos al Renaper el 23/09//2021 a las 10:57 de la mañana. Según reconstruyó Ámbito, ese día, a esa hora, tras haber llevado a su hijo a vacunar contra el covid-19 a Exaltación de la Cruz, el magistrado estaba en su casa firmando en forma digital una resolución favorable a la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Era en el marco de la causa por el envío de diarios a Santa Cruz en el avión presidencial. Aquel fallo salió 2 a 1 favorable a la vicepresidenta. La lista de los “espiados” es variopinta y supera los doscientos.
Uno de los casos es el del fiscal Javier De Luca. El Ministerio de Justicia de CABA pedía sus datos biométricos el mismo día en el que estaba alegando a favor de Milagro Sala.
El funcionario, quien recibió la notificación de dos pedidos sobre sus movimientos, manifestó su preocupación ante la consulta de Ámbito y advirtió que “alguien está armando un banco de datos que no tiene modo legal para armarlo, entonces usa el convenio como vehículo”.
Otro caso ocurrió el 25 de marzo del 2020 a las 14.53 hs. Ese día fueron solicitados los datos de Marcela Pérez Pardo, la esposa del exjuez destituido por el macrismo, Eduardo Freiler. En ese momento, se estaba por tratar si se cerraba o no el pedido de juicio político contra ella y contra la sala L de la Cámara Civil que ella componía, por una resolución de una causa del Instituto Patria contra la Inspección General de Justicia presentada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Aquel fallo salió 3 a 1 a favorable al Patria, pero Pardo, quien pertenece a Justicia Legítima, fue la única de los tres que figura en el pedido de datos biométricos.
El hecho sin precedentes y que generó alarma entre los cientos de notificados derivó en una denuncia penal de oficio, por tratarse de un presunto delito de acción pública (violación de secreto). La causa (CFP 1311/23) quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo de Comodoro Py.
Mientras algunos de los afectados evalúan presentarse en la causa penal como querellantes, otros analizan alternativas por vía administrativa.
“Hay gente que juega a esto como si estuviera en el Tinder. O juegan a la Play Station con los ciudadanos. No se puede vivir así. No vivimos en una sociedad transparente. Tenemos que poder mantener en reserva lo que cada uno quiera. No puede estar todo expuesto. No hay ninguna sociedad que pueda funcionar así”, expresó De Luca.
INCONSTITUCIONAL
Además de esta causa que ahora tramita en la Justicia federal, hubo otras denuncias de iniciativa privada que tuvieron lugar en la justicia de la Ciudad.
Tras la demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIO) la Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó en abril de este año la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos implementado por el Gobierno porteño y que en su momento defendió el desplazado ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro.
La Sala I rechazó las apelaciones del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal y confirmó la sentencia de la jueza de primera instancia Elena Liberatori, que en septiembre de 2022 había dicho que el sistema de progresión biométrica se implementó sin la debida protección de los derechos de las y los habitantes. No han sido los únicos casos ni las únicas coincidencias que llaman la atención. Magistrados nucleados en la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados ya alzaron su voz, preocupados.
