Tras su detención junto con otras cuatro personas en cuevas financieras, Leonardo Fariña fue sometido este viernes a indagatoria por presunto lavado de dinero e infracciones al Régimen Penal Cambiario.
Fariña fue trasladado esta mañana desde la dependencia policial donde se encuentra alojado hasta el edificio ubicado en Avenida de los Inmigrantes, sede del Juzgado a cargo de la investigación. Previamente a la indagatoria, el juez Pablo Yadarola levantó su incomunicación, permitiéndole así sostener una primera entrevista con su abogado, Roberto Herrera, quien tiene la intención de solicitar la excarcelación al declarar que su cliente es inocente y se encontraba en las cuevas para visitar amigos personales.
“Él tiene una tobillera dispuesta por el Tribunal Oral 4 pero puede circular hasta 150 kilómetros del radio de su domicilio. No creo que sea asesor financiero de los otros detenidos. Vamos a ver cuáles son los elementos del cargo y sí, va a declarar. No pudimos conversar porque está incomunicado. No tenemos idea de qué hacía en esa financiera porque no hemos podido hablar con él. Puedo garantizar que no es el dueño de ese lugar. Gente allegada dice que los dueños de la financiera son amigos de él. Si no tiene nada que ver, no tiene por qué estar detenido”, dijo Herrera en una entrevista televisiva antes de la declaración de Fariña.
La imputación se basa en presuntas violaciones al Régimen Penal Cambiario, el cual establece penas que van desde multas hasta ocho años de prisión por negociaciones cambiarias realizadas sin la intervención de instituciones autorizadas. La normativa también castiga la operación en cambios sin la debida autorización, así como cualquier operación que no cumpla con las condiciones establecidas por las normas vigentes.
Inicialmente, la pena prevista para este tipo de delitos es únicamente una multa, pero se contempla la posibilidad de condena a prisión a partir de la primera reincidencia. Cabe destacar que Fariña se encontraba en libertad, aunque monitoreado con tobillera electrónica, debido a una condena previa de tres años y medio de prisión impuesta por la Cámara de Casación, con sentencia firme.
A pesar de que al financista le restaba más de un año de prisión efectiva, su detención no fue ordenada en ese momento, ya que había accedido al régimen de libertad condicional. En el pasado, la Cámara de Casación anuló una condena previa de cuatro años de cárcel en una causa relacionada con evasión en 2019.
