
En medio de los escándalos del Ministerio de Capital Humano por la retención de alimentos, el Gobierno acordó hace cuatro meses
una licitación con un organismo de las Naciones Unidas por 14.ooo millones de pesos para la compra “ágil” y “transparente” de comida, pero
hasta el día de hoy todavía no concretó la compra de ningún producto.
A comienzos de febrero, cuando comenzó el reclamo de organizaciones sociales por el reparto de mercadería para los comedores comunitarios, la ministra de Capital Humano,
Sandra Pettovello, activó dos procesos licitatorios para adquirir alimentos a través de dos organismos internacionales.
Con l
a Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en un acuerdo separado del polémico modo de contratación de funcionarios públicos de manera tercerizada,
Pettovello cerró un acuerdo por una cifra cercana a los 7000 millones de pesos. A través de esta licitación se compraron lentejas y aceite por un total de $3.651.940.179. En la OEI esperan instrucciones de la cartera para saber qué hacer con el dinero restante que entregó el Gobierno, que es el resultado de una baja significativa en los precios estimados por el convenio. Una opción puede ser el reintegro; otra, activar una nueva licitación.
Mientras que
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la ministra firmó otro por 14.000 millones de pesos. El dinero que sale del Estado hacia los organismos para estos se encarguen de poner en marcha el mecanismo de compra. La licitación se abrió a mediados de marzo y se cerró el 17 de abril, luego de una prórroga de siete días, pero no está ni siquiera adjudicada ya que, como cosignó La Nación, la organización internacional espera que la unidad ejecutora de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de
Yanina Nano Lembo, tras la salida de Pablo De la Torre, le dé el visto bueno para continuar con un proceso.
Según el pliego de la licitación presentado por PNUD –para adquirir 2500 millones de kilos en arroz, fideos y leche en polvo–, las ofertas que realizan las empresas tienen una validez de 45 días calendario. Ese plazo venció el viernes de la semana pasada. Es decir, que en principio las empresas deberían volver a ofertar. Sin embargo, siguen esperando directivas.
El acuerdo se da en el marco del convenio “
Abordaje comunitario del plan nacional Argentina contra el hambre”, firmado en 2020 por el ya no existente Ministerio de Desarrollo Social, a cargo entonces del actual diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo.
La ministra Pettovello firmó el 8 de febrero la transferencia de 14.000 millones de pesos. Según la resolución, se “efectivizará en desembolsos sucesivos solicitados oportunamente, conforme a los requerimientos del proyecto por el organismo nacional de ejecución”. Lo que la llevó a tener nueva denuncia en su contra en la Justicia.
El abogado Leonardo Rodríguez Herrero Aparte que presentó la medida judicial, señaló que de
la compra de alimentos a través de organismos internacionales queda por fuera del radar de los mecanismos de control del Estado nacional y cuestionó los montos.
“Si se trata de más de cien mil módulos ($2700 millones) debe firmar el jefe de Gabinete. Pero la transferencia de los $6.772.500.000 al organismo internacional fue firmada solamente por la ministra Pettovello”, indicó el abogado, para quien el convenio debió llevar la firma del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse.