
El abogado Gregorio Dalbón solicitó este lunes a la jueza federal María Servini que cite a declaración indagatoria al presidente Javier Milei, acusado de haber promocionado públicamente la criptomoneda $Libra, que luego colapsó y dejó pérdidas por unos USD 250 millones a más de 74.000 personas en todo el mundo.
La presentación judicial sostiene que Milei utilizó sus redes sociales oficiales, en su carácter de presidente de la Nación, para respaldar el activo digital sin respaldo legal ni regulación. Según el escrito, esa publicación –realizada el 14 de febrero de 2025 a las 19.01– provocó una suba inmediata en la cotización del token, que pasó de menos de USD 0,50 a casi USD 5 en cuestión de minutos. Tres horas más tarde, los desarrolladores del proyecto habrían vendido sus activos, retirado la liquidez y provocado una caída abrupta en el precio. “Acá no hubo un error ni una opinión desinformada: hubo una maniobra planificada con beneficios inmediatos para un grupo reducido y un perjuicio masivo para miles de personas”, indica el texto presentado por Dalbón en el marco de la causa CFP 574/2025.
De acuerdo con la cronología detallada en la denuncia, el presidente eliminó sus publicaciones pocas horas después del colapso del token y las reemplazó por un mensaje en el que no niega su participación, pero alega desconocimiento. “La eliminación del contenido no es un acto inocuo; es un indicio claro de conciencia de ilicitud y de intento de entorpecer la investigación”, sostiene el abogado.
El documento también afirma que la investigación logró identificar direcciones digitales en la blockchain asociadas a la maniobra con etiquetas como “Milei”, “Milei CATA” y “VladMilei”. Desde esas wallets se habrían realizado ventas en el pico de cotización, lo que refuerza, según la presentación, la conexión directa entre Milei y el esquema de fraude.
Además, se detalla el vínculo entre el Presidente y los impulsores del proyecto: Mauricio Novelli, trader profesional y fundador de NW Professional Traders, quien habría mantenido reuniones con Karina Milei en Casa Rosada; Julián Peh, creador del protocolo KIP, con quien Milei habría discutido iniciativas tecnológicas en encuentros personales; y Hayden Davis, titular de Kelsier Ventures, quien dijo públicamente haber recibido apoyo activo del mandatario.
La denuncia afirma que la maniobra responde al esquema conocido como “rug pull”: generar una suba artificial de un activo digital a través de respaldo institucional, para luego liquidar los activos y abandonar el proyecto. “No hubo advertencia sobre los riesgos, ni distancia entre el Estado y el negocio”, sostiene el escrito. “Hubo utilización de la investidura presidencial para favorecer un proyecto especulativo”.
En paralelo, el caso ya motivó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y derivó en investigaciones judiciales en Estados Unidos. El Departamento de Justicia y el FBI analizan posibles delitos financieros transnacionales, mientras que el estudio Burwick Law presentó una demanda colectiva en Nueva York en representación de más de 200 inversores.
La denuncia concluye que el rol del presidente Milei no fue “accesorio ni marginal”, sino “central y determinante” para la consumación de los hechos. Y reclama que sea citado a indagatoria por los delitos de defraudación, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y violación a la Ley de Ética Pública.