08.07.2025 / BAJO SUPERVISIÓN
Un fondo buitre presiona a Preska para que mantenga firme el fallo contra YPF
Bainbridge, uno de los acreedores con sentencia a favor, pidió que no se suspenda la entrega de acciones de la petrolera estatal. El reclamo complica la estrategia del Gobierno argentino, que busca frenar las ejecuciones mientras apela el fallo.
A la pulseada judicial entre la Argentina y los acreedores por la expropiación de YPF se añade que el fondo Bainbridge pidió a la jueza Loretta Preska que no se suspenda la orden para que el país transfiera acciones de la petrolera en cumplimiento de una sentencia de US$95 millones. El fondo advirtió, por medio de una presentación oficial, que el fallo debe mantenerse firme salvo que el país efectivamente entregue los títulos, una postura que endurece la presión sobre el Gobierno nacional mientras continúa la apelación.
Bainbridge fue uno de los beneficiarios del doble revés judicial que recibió la Argentina a fines de junio en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. En cuestión de horas, Preska ordenó al país entregar acciones de YPF para saldar dos condenas: una por US$16.000 millones en favor de Burford Capital y Eton Park por la expropiación de 2012, y otra por US$95 millones en el caso iniciado por Bainbridge, vinculado a bonos impagos tras el default de 2001.
El reclamo del fondo responde directamente al pedido que hizo la defensa argentina para frenar la ejecución del fallo. En su presentación, los abogados del Estado solicitaron suspender la transferencia de acciones mientras avanza la apelación en tribunales superiores.
El escrito presentado por la Argentina incluyó cuatro argumentos clave. Por un lado, que hay altas probabilidades de éxito en la apelación, a pesar de que mantener el fallo sin suspensión causaría un daño irreversible. Por el otro, que los demandantes no sufrirían perjuicio si se mantiene el status quo y que el interés público justifica una pausa ante “la gravedad y excepcionalidad del caso”.
El conflicto tiene como telón de fondo la histórica causa por la estatización de YPF. En 2012, la administración de Cristina Fernández de Kirchner avanzó con la expropiación del 51% de las acciones en manos de Repsol. Aunque la compañía española fue indemnizada con bonos, los accionistas minoritarios no accedieron al mismo proceso, lo que derivó en demandas internacionales.
Preska ordenó a Argentina en septiembre de 2023 entregar US$ 16,1 mil millones. Desde entonces, el Estado apeló la sentencia pero no logró evitar que los fondos avancen con acciones judiciales para ejecutar la condena. La orden de entregar acciones marca un punto de tensión máxima en el juicio, que podría escalar si los tribunales superiores no intervienen.
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