En el tramo final del período en que conserva las facultades delegadas que le otorgó el Congreso con la Ley Bases, el Gobierno nacional oficializó este martes una transformación estructural de las principales fuerzas federales de seguridad, concretamente, sobre la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. El objetivo, según el argumento oficial, apunta a modernizar funciones, ampliar facultades y reformular el régimen de personal de cada cuerpo.
Uno de los ejes de la reforma recae en la Gendarmería Nacional, que sumará la capacidad de actuar en el ciberespacio y combatir el ciberterrorismo. El Decreto 54/2025 actualiza su estatuto y le otorga competencia para realizar investigaciones vinculadas a delitos informáticos, sin abandonar sus tareas tradicionales en zonas de frontera ni su participación en misiones internacionales y tareas de protección diplomática.
La Prefectura Naval Argentina también verá ampliadas sus atribuciones. De acuerdo al Decreto 457/2025, la fuerza consolidará su rol como autoridad en seguridad marítima, incluyendo funciones como Policía Judicial, Policía de Seguridad y Protección Marítima y Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques. La medida refuerza su papel en el control de navegación y la jurisdicción administrativa en aguas nacionales.
Por su parte, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incorporará funciones vinculadas directamente con la protección del Estado dentro del ámbito aeroportuario. Se redefinirá su esquema interno y el régimen de personal, a la vez que podrá actuar por instrucción del Ejecutivo en cuestiones ligadas a la seguridad interior. La PSA tendrá además un papel activo en inteligencia criminal y prevención de delitos en la aviación civil, con acciones proactivas guiadas por análisis e investigación.
TRANSFORMACIÓN PROFUNDA DEL SERVICIO PENINTECIARIO
Uno de los cambios más significativos es el del Servicio Penitenciario Federal (SPF), cuyo marco legal fue reemplazado por completo mediante el Decreto 455/2025. La medida traslada el control del organismo del Ministerio de Justicia al de Seguridad, como parte de una estrategia orientada a enfrentar el delito complejo y el crimen organizado que opera desde dentro de los establecimientos carcelarios.
El Gobierno justificó esta transformación del SPF como parte de un proceso de modernización que busca “optimizar su funcionamiento, fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios que lo integran y promover su profesionalización y bienestar”. Además, remarcaron que se busca "garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad".
La nueva estructura penitenciaria incluye áreas como la Dirección General de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y una Dirección de Personal, Formación y Bienestar. Aunque conserva elementos del estatuto anterior, vigente desde 1967, introduce una organización más adaptada a los desafíos actuales en materia de seguridad y gestión carcelaria.