
El gobierno de Javier Milei parece haber tenido la suerte de que la causa por el escándalo del avión propiedad del empresario libertario Leonardo Scatturice que ingresó a la Argentina desde EEUU con al menos 10 valijas y una empleada sin control ni escaneo por parte de la Aduana le "tocara" al juez Pablo Yadarola, uno de los magistrados que tuvo la también fortuna de haber viajado a la mansión de Joe Lewis con otros magistrados, funcionarios macristas y ex espías invitados por Clarín, que supo intervenir en el caso Antonini Wilson y que comparte "hilo rojo" con el multiverso de negocios del polémico empresario que protagoniza el caso.
Hace horas, Clarín salió a intentar mostrar la labor del juez en lo penal económico y publicó que éste ordenó este martes identificar para llamar a declarar a funcionarios de la Aduana, Migraciones y la Administración Nacional de la Avión Civil (ANAC) que participaron del irregular control vinculado al arribo del avión del empresario Scatturice.
En TN se revelaron las fotos y videos del avión Bombardier que llegó el 26 de febrero desde Florida, Estados Unidos, que ocurrió casi en simultaneidad con que los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez emitieran un dictamen que exhibía las irregularidades de aquel vuelo.
El polémico vuelo estuvo abordado por una sola pasajera, Laura Belén Arrieta, una persona ligada al gobierno de Milei al ser responsable de la organización C-PAC, grupo conservador a través del cual el Presidente y su máximo asesor, el "Mago del Kremlin" Santiago Caputo, se vinculan con el Partido Republicano de EE.UU. y con el sector de Donald Trump allí.
Arrieta, además, es empleada de la compañía de tecnología que es dueña de la aeronave. El "CEO" de todo eso es Leonardo Scatturice, empresario de holgada trayectoria ligada al mundo de la inteligencia o vericuetos del mundo de "tareas" poco amigables con la ley. Además, fundador e intengrante de empresas de inteligencia privada, cosa que lo llevó a un duro enfrentamiento nada más y nada menos que con Antonio Stiuso que terminó en la Justicia y del que salió airoso.
Scatturice es, además, el vínculo clave del gobierno argentino con el de Trump. De hecho, quien armó el match entre Milei y el presidente de Estados Unidos antes de que gane las elecciones fue él. Existe una fotografía suya con Trump y Barry Bennett, que es una especie de Jaime Durán Barba que ha viajado a la Argentina con el avión de Scatturice y se ha reunido con Milei y Santiago Caputo.
Scatturice, como contó Carlos Pagni este lunes, tiene una empresa de tecnología que intermedia contratos entre Cisco y varios países de América Latina. El año pasado renovaron un contrato con una empresa conocida como Educ.ar, sociedad anónima que no está sometida a los controles de la Sigen pero donde el Estado tiene el control absoluto. Educ.ar hizo una contratación directa para la renovación de licencias de tecnología por más de US$60 millones. Allí no llegó la motosierra libertaria.
Además, el entramado empresarial de Scatturice acaba de comprar Flybondi para relanzarla. Se trata de una compañía aérea que, como todas las low cost, tiene dificultades económicas para funcionar. Lo hacen a través de reducciones de costos muy severas para poder competir. Lo que Mauricio Macri llamó "revolución de los aviones". Justamente el vínculo de Scatturice con Educación viene de la época macrista, cuando el actual diputado nacional del PRO Alejandro Finocchiaro estaba al frente la cartera educativa.
Este lunes, también en la alocución de Pagni, se enfatizó entre entre todas las imágenes que aportan los organismos de control a los fiscales Navas Rial y Rodríguez hay una que resulta clave: a Belén Arrieta entregándole un teléfono a un agente de la Aduana, como si a través de ese dispositivo se produjera algún llamado para que ese vuelo no sea revisado por Aduana. Esa es la hipótesis.
Los fiscales, y eventualmente el juez Pablo Yadarola, deberían detenerse en esta llamada. En las cámaras puede verse claramente el horario en el que esto ocurrió, con lo que sólo sería necesario investigar el celular, que podría ser tanto propiedad de Arrieta como de personal de Aduana, que se lo prestó para que converse con alguien. También se podría saber con quién fue el diálogo.
El documento de los fiscales demuestra que además no se sabe de qué aeropuerto salió el avión. ¿Fue de Fort Lauderdale u Opa-Ioka, ambos en Florida? Por si todo esto fuera poco, se consigna que como equipaje del avión se declararon cinco bultos pero los registros demuestran que son al menos 10 valijas. O sea que cinco no habrían sido declaradas. Además, se hace referencia a unas bolsas rosas, que aparecen en manos de Arrieta en las imágenes.
Ya en el aeropuerto, los pasajeros pasaron por un canal aduanero donde no los revisaron y que fue abierto exclusivamente para Arrieta y para el personal de la compañía que guarda el avión y pertenecía a Yabrán, Royal Class.
LE TOCÓ A YADAROLA: MULTIVERSO SCATTURICE, ANTONINI WILSON Y LAGO ESCONDIDO
La causa que el Gobierno usa como chivo expiatorio para autopercibirse inocente le tocó al juez en lo penal económico Martín Yadarola, quien según Clarín este martes ordenó algunas de las medidas de prueba que pidieron los fiscales -que abarcaban todo lo mencionado -, entre las cuales se señala que buscará identificar para llamar a declarar a funcionarios de la Aduana, Migraciones y la Administración Nacional de la Avión Civil (ANAC) que participaron del irregular control vinculado al arribo del avión del misterioso empresario Leonardo Scatturice.
Yadarola será quien decida hasta dónde y cómo considera o no la acusación de los fiscales. Ahora bien, a priori, no parece ser el magistrado más alejado a vínculos con la causa o sus interesados. Mucho menos se configura como un juez resistente a recusaciones. Deberá decidir si se investiga qué tenían los "bultos", quién los envió y particularmente con qué destinatario y utilidad planificada. O, de mínima, qué funcionarios del Gobierno permitieron la "malapraxis" y por qué.
Desde elementos de la propia causa, Yadarola comparte un hilo rojo con el multiverso de negocios de Scatturice: es que el empresario amigo de Santi Caputo tiene, como se señaló previamente, intereses enraizados en el mundo de la Educación, según Pagni particularmente con la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde el juez "tiene amigos íntimos".
Si de algún modo el caso recuerda lo acontecido en 2007 con Guido Antonini Wilson, el empresario venezolano que llegó a Argentina en aquella época con una maleta con USD 790.550 que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados, Yadarola también es parte.
Es que fue uno de los tantos magistrados que "tocó" la causa. En junio de 2018, el magistrado, que se negó a procesar al exfuncionario Claudio Uberti, y el fiscal Pablo Turano, fueron los encargados de cerrar la causa, que luego prescribió pero fue reabierta años después.
En agosto de 2018, el propio Yadarola la reabrió y Claudio Uberti se declaró imputado colaborador. El 5 de julio de 2019 procesaron a tres funcionarios: Uberti, Julio De Vido (exministro de Planificación Federal) y Ricardo Echegaray (director general de Aduanas). Luego, el 27 de septiembre de 2023, Uberti fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que De Vido y Echegaray fueron absueltos.
Sin embargo, lo que coloca en una posición incómoda a Yadarola es que a finales de 2022 se produjo un escándalo conocido como "el viaje a Lago Escondido", que fue un encuentro político judicial secreto en la estancia que allí tiene Joe Lewis "para garantizar la impunidad de Mauricio Macri”.
Participaron los jueces Yadarola, Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el jefe de los fiscales porteos, Juan Bautista Mahiques (hijo de Carlos); el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke; y el ex jefe de legales de la AFI, Leo Bergroth.
Luego, producto de un presunto hackeo, se conoció una conversación de Telegram entre los integrantes del viaje de la que surgieron más detalles del cual uno es clave: además de los mencionados, también viajaron y tuvieron una activa participación dos personas ligadas al Grupo Clarín: Jorge Rendo, presidente del Grupo, y Pablo Casey, director de Asuntos Legales de la empresa de medios.
El escándalo provocó tanto una causa judicial como una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para los jueces viajeros. Sin embargo, en mayo de 2025, es decir con Milei en el Gobierno, el organismo de control de la justicia cerró la investigación del escándalo en Lago Escondido con la excusa de que la investigación penal ya estaba cerrada por parte del juez federal de Comodoro Py, Sebastián Ramos, quien había recurrido básicamente a culpar a los organismos de control de la PSA y a elegir no investigar porque sería "salir de pesca".
Una perla respecto de la expertice de Yadarola, protagonista de excesos verbales contra el fallecido fiscal Federico Delgado, encargado de investigar la causa Lago Escondido, en causas mediáticas y vínculos entre medios y justicia, es que su tesis doctoral se centró en el impacto de los medios de comunicación masiva en el derecho penal.